Washington, 22 dic.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó hoy de que ha presentado una querella contra Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de ocho vocales del Tribunal Constitucional cesados en sus cargos por el Congreso en 2004.
La CIDH, en su comunicado, calificó el cese como "arbitrario" y apuntó que la resolución del Congreso ecuatoriano "constituyó un mecanismo ad hoc de destitución de magistrados, no previsto ni en la Constitución ni en la ley, y afectó gravemente el principio de independencia judicial".
Después que los vocales magistrados fueron cesados en sus cargos el 2 de diciembre de 2004, el Congreso ecuatoriano resolvió los pedidos de juicio político formulados contra algunos de ellos, sin que se obtuvieran los votos necesarios para adoptar una moción de censura.
La CIDH señaló que, asimismo, "en virtud de una convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del entonces Presidente de la República (Lucio Gutiérrez), el 8 de diciembre de 2004, el Congreso Nacional procedió a realizar una segunda votación respecto de los juicios políticos decididos en la sesión de 1 de diciembre de 2004, mediante la que se adoptó una moción de censura".
El caso se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 28 de noviembre de 2011 "porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo".
En tal informe la CIDH concluyó que "las víctimas no contaron con garantías mínimas de debido proceso, no fueron escuchadas ni tuvieron oportunidad de defenderse; y que no tuvieron a su disposición un recurso judicial efectivo que les amparara frente al actuar arbitrario del Congreso Nacional".
Todo ello, según el comunicado, ocurrió en medio de "un álgido contexto político y de fragilidad institucional del Poder Judicial en Ecuador".
Ese contexto incluyó la remoción del Tribunal Constitucional y asimismo la de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral dispuestos por el Congreso.
"Los ceses de las Altas Cortes estuvieron seguidos por la activación de mecanismos para impedir el acceso a la justicia por parte de los funcionarios judiciales afectados", afirmó hoy la CIDH.
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