La Comunidad Autónoma de Baleares se personará como perjudicada en el caso Inestur

Palma.- El Consell de Govern ha aprobado hoy que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB) se personará en las diligencias previas abiertas por el juzgado número 10 de Palma para investigar un presunto caso de corrupción en el seno del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) como perjudicada.

El denominado caso Inestur se hizo público hace unas semanas con la operación "Voltor", en la que se detuvo 16 personas y seis resultaron imputados.

Entre los imputados figuran varios responsables de Unió Mallorquina, que a raíz de este caso fue expulsada del pacto de gobierno que gestionaba la comunidad: el concejal y ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, el ex presidente de la formación, Miquel Àngel Flaquer, los ex directores generales Joan Sastre y Antoni Oliver y el contable del partido, Àlvaro Llompart.

El Govern, según ha explicado hoy en rueda de prensa la portavoz del ejecutivo, Joana Barceló, se personará en el proceso dado que "podría constituir un delito de malversación de caudales públicos" que afectarían a la comunidad autónoma.

El ejecutivo autonómico ha autorizado a los letrados adscritos a la Dirección General de la Abogacía de la comunidad a que "ejerzan las acciones penales y civiles pertinentes" en nombre de Inestur como organismo perjudicado, ha aclarado Barceló.

En esta línea de lucha contra la corrupción en el seno de la administración autonómica, el Consell de Govern ha aprobado hoy el nuevo proyecto de ley del sector público instrumental, un documento que la portavoz del ejecutivo ha confiado en que pueda empezar a debatirse de "manera informal" de inmediato.

El objetivo, ha dicho Barceló, es que el proyecto sea debatido en el Parlament y logre el máximo consenso. Por el momento, UM ya ha expresado su apoyo, si bien ha anunciado que hará enmiendas, propuestas que junto con las que plantee el PP, la portavoz balear espera que se puedan perfilar de modo que las que lleguen al Parlament sean todas aprobadas.

La futura ley pretende "dar racionalidad, claridad y orden" a un sector público (empresas, organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones, etc) que hasta ahora se ha caracterizado por la "complejidad, la dispersión, la fragmentación y el sobredimensionamiento", según el Govern.

Barceló ha asegurado que la nueva ley permitirá una participación "directa" de la Conselleria de Hacienda sobre el funcionamiento de todas las entidades y organismos públicos mediante una "auditoría permanente", incrementar las garantías en las contrataciones y poner límites en el gasto y el crédito.

Las claves serán "la transparencia y la eficiencia" del sector público, ha agregado la portavoz del Govern.

La reunión del Consell de Govern de hoy ha servido también para dar luz verde al traspaso de la gestión de la renta mínima de inserción a los consells insulares, una iniciativa que se tramitará ante la comisión mixta integrada por el ejecutivo y las instituciones insulares cuyo pleno está previsto para el día 26.

En materia de Asuntos Sociales, se han aprobado 3,85 millones en ayudas a los consells de Menorca e Ibiza para financiar la concertación de casi 200 plazas de residencia y centros de día para dependientes en las instalaciones de Santa Rita y Can Blai.

Otra ayuda aprobada hoy por el Consell de Govern asciende a 28.200 euros que se destinarán a unas 500 personas de la barriada de Puerto Príncipe (Haiti), especialmente a mujeres embarazadas, niños y discapacitados.

También recibirán 6.000 euros dos entidades que distribuyen artículos básicos para personas con recursos económicos escasos o en riesgo de exclusión social y la Asociación de Padres de Niños Autistas de Baleares obtendrá una subvención aprobada hoy por valor den 100.627 para financiar una residencia integral.

Además, hoy se han aprobado cuatro nombramientos: María Concepción Obrador como nueva directora general de Consumo; Diego González, nuevo delegado de Presidencia para el Deporte; Rafel Oliver, como nuevo director general de Administraciones públicas, y Iago Negueruela, como nuevo director de Trabajo.