15 millones de euros. Esta es la cantidad que el gobierno catalán cree que le podría costar la consulta soberanista. Una cantidad pequeña si se tiene en cuenta que la Generalitat calculó el pasado mes de agosto que su comunidad podría alcanzar a finales de año una deuda de 65.500 millones de euros, según el plan económico-financiero de Artur Mas.
Aunque el precio de la consulta sea bajo, este dinero ayudaría a reducir el coste de la deuda de esta comunidad con diferentes grupos sociales. Uno de ellos son las farmacias a las que adeuda 301,5 millones. Unas cantidades desorbitadas que hacen que 15 millones valgan todavía más.
Uno de los países que ha realizado dos referéndums independentistas y que además utiliza en voto electrónico es Québec , Canadá. Estos dos requisitos han sido claves para que la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, se haya desplazado hasta Québec . Allí Ortega ha recogido "experiencias" de cara a la celebración de una eventual consulta soberanista en Cataluña.
Allí han comprobado el funcionamiento del voto electrónico y el operativo central que podría servir de base para la consulta independentista que estaría planeando el gobierno de Mas. "Hemos estudiado los puntos fuertes y los débiles de estas herramientas para implantarlas con la mayor garantía de éxito en Cataluña", ha afirmado.
La vicepresidenta ha subrayado que la consulta catalana "tendrá la máxima transparencia y efectividad", y para su planificación contará con la ayuda de los contactos realizados en Québec , que abarcan a académicos, políticos y proveedores tecnológicos.
La empresa catalana Scytl podría ser la encargada de realizar la consulta. Esta empresa es conocida porque en las elecciones de 2012 de Estados Unidos ya contabilizó el voto de varios norteamericanos que se encontraban fuera su país. En la actualidad ha trabajado en 18 países, entre ellos están Noruega, Canadá, Australia, Bosnia-Herzegovina o Suiza.
Con este sistema electrónico, Cataluña podría reducir el coste de la consulta. Unas alecciones autonómicas tienen un coste de unos 30 millones de euros por lo que con este sistema la Generalitat pretendería ahorrase la mitad. De esta manera se ahorría el servicio de correos, le impresión de las papeletas o la compra de las urnas.
Para unas elecciones generales, el estado imprime unas 908 millones de papeletas que equivalen a 1.589 toneladas de papel. Además a esto habría que sumarle los costes de los sobres, sellos y las urnas.
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