La defensa de uno de los acusados por la supuesta violación grupal a una joven madrileña ha retirado de la causa el informe que encargó a detectives privados sobre la actividad que realizó la joven denunciante en sus redes sociales. Sí se mantiene en la causa una foto que publicó la joven en Instagram. Como consecuencia de ello, los detectives privados que han declarado hoy en el juicio por la presunta violación grupal en los sanfermines de 2016 por videoconferencia solo han testificado acerca de la citada fotografía y no sobre el informe.
Por su parte la agente de la Policía Municipal que tomó declaración a la joven madrileña ha asegurado en su declaración que la joven sabía que los acusados estaban grabando los hechos. Este hecho no aparecía en el sumario del caso y ha sido confirmado a los periodistas tanto por el abogado de la chica como por el letrado Jesús Pérez, defensor de uno de los cinco procesados, un guardia civil.
En la novena sesión del juicio en la Audiencia de Navarra está dedicada hoy a los testigos propuestos por los acusados de violar a una joven en los sanfermines de 2016, entre ellos los detectives privados que la investigaron.
Ayer los cinco imputados se ratificaran en que las relaciones sexuales fueron consentidas, aunque no aclararon cómo dio la chica su consentimiento, lo que llevó a la acusación particular a afirmar que "mienten como bellacos" ya que su versión queda "absolutamente desdicha por los vídeos" que los propios imputados grabaron.
Después de dos semanas de juicio a puerta cerrada por decisión del tribunal, para preservar la intimidad de la denunciante y evitar una "indeseable e indeseada exposición" de los imputados, el próximo lunes, igual que el martes, se permitirá la entrada de público y prensa en la sala, aunque ésta solo podrá llevar papel y bolígrafo.
Serán las dos últimas sesiones dedicadas a la presentación de conclusiones, el día 27 las acusaciones y el 28 las defensas.
A partir de esa jornada el tribunal no tiene un tiempo limitado para dictar sentencia pero sí que tienen prioridad los casos como este con presos preventivos.
Arrestados horas después de que la joven madrileña denunciara haber sido violada, los cinco se enfrentan a peticiones de cárcel que van de los 22 años y 10 meses de la Fiscalía, a los 25 años y 9 meses de la acusación popular ejercida por el Gobierno de Navarra.
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