Lima.- La estadounidense Lori Berenson, condenada a 20 años por colaborar con una organización terrorista, se puso en manos de la policía judicial peruana para retornar a prisión, después de que hoy el Poder Judicial de este país revocara su libertad condicional.
La Sala Penal Nacional de Perú, que ve delitos de terrorismo, anuló una decisión emitida en mayo pasado de otorgar libertad condicional a Berenson y ordenó su inmediata captura e internamiento en un centro penitenciario.
Su libertad condicional fue anulada debido a que no se ordenó a la Policía certificar el lugar de domicilio de Berenson.
Tras conocerse el fallo, la policía judicial acudió a la vivienda que ocupaba Berenson en el distrito limeño de Miraflores, pero no la ubicaron en ese lugar, lo que motivó una intensa búsqueda de la prensa, principalmente en la embajada de Estados Unidos en Lima, a donde se creía había ido a pedir asilo.
La incógnita sobre su paradero lo desveló unas tres horas después el abogado y ex esposo de Berenson, Aníbal Apari, quien al salir de la embajada dijo en declaraciones a periodistas que su patrocinada "no se ha fugado del país y se ha puesto a derecho cumpliendo con la norma, aun estando en desacuerdo con el fallo".
Después Berenson y su hijo de un año, quien nació en prisión y fruto de su relación con Apari, fue transportada desde la embajada en un vehículo y bajo fuertes medidas de seguridad a la sede de la policía judicial y a la Sala Penal Nacional como paso previo a su retorno a prisión.
El agregado de Prensa de la embajada de Estados Unidos en Lima, James Fennell, aclaró que Berenson había ido a su sede diplomática para una reunión sobre asuntos consulares previamente pactada, desmintiendo así que hubiera una petición de asilo.
"Fue la decisión de Lori Berenson cumplir con la orden judicial y entregarse voluntariamente de inmediato. Con el consentimiento de la señora Berenson, fue recogida por la Policía Peruana (de la embajada estadounidense)", indicó Fennell en un comunicado de prensa.
Desde mayo pasado la puesta en libertad de Berenson generó un tenso debate en torno al caso de la liberación de sentenciados por terrorismo y la decisión de hoy ha sido celebrada por varios políticos vinculados principalmente al ex presidente peruano Alberto Fujimori.
En mayo pasado, la jueza Jessica León otorgó libertad condicional a Berenson, por considerar que cumplió con más de tres cuartas partes de su condena a 20 años de prisión por sus vínculos con el MRTA y se esperaba que el presidente peruano, Alan García, la indultara, pero en su lugar, la Procuraduría contra el terrorismo pidió la revisión del fallo.
La Sala Penal Nacional revisó el caso el lunes pasado, a pedido de la Procuraduría (que depende del Ejecutivo), y en esa audiencia Lori Berenson pidió públicamente perdón por haber colaborado con el MRTA.
La jueza León basó su decisión en el decreto legislativo 927, que regulaba la ejecución penal en materia de terrorismo y contempla la libertad condicional.
Esa norma, que fue derogada a finales del año pasado, se encontraba vigente el 15 de septiembre de 2009 cuando Berenson presentó la solicitud para acogerse a este beneficio.
El ministro peruano de Justicia, Luis Marill, dijo hoy a Canal N que en el caso de Berenson, sentenciada por haber colaborado con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en un intento de toma del Congreso peruano en 1995, "ya no cabría presentar una nueva solicitud de beneficio penitenciario".
El ex ministro de Justicia Aurelio Pastor, hoy congresista del Partido Aprista, señaló al mismo canal de noticias que la vuelta de Berenson a prisión significa que ya no podría conmutar un cuarto de su pena, por lo que tendría que permanecer encarcelada hasta 2015, pero este extremo no ha quedado claro hasta el momento.
El MRTA, junto a Sendero Luminoso, tuvo en jaque al país durante los años noventa, y mientras que Sendero aún cuenta con algunos grupúsculos aún activos en valles cocaleros selváticos, el MRTA abandonó por completo la lucha armada.
Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), los años del terrorismo (1980-2000) se saldaron con unos 70.000 muertos, más de la mitad a manos de Sendero.
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