La Fiscalía pedirá entre 1.000 y 2.000 millones de euros de indemnización por los daños del Prestige

La reclamación de la Fiscalía por el daño ambiental producido por la catástrofe marítima del "Prestige" podría elevarse a 2.000 millones de euros, con un mínimo de 1.000 millones, según ha señalado el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela.

"Es una tesis novedosa, porque incluye no sólo los daños materiales causados, sino también los prejuicios ecológicos relacionados con la fauna y con la salud de las personas que estuvieron recogiendo este producto", ha subrayado el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en declaraciones a los periodistas.

En la presentación de la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia correspondiente a 2011 y a preguntas de los periodistas, Varela ha reiterado que el objetivo de la Fiscalía es que el tribunal que juzgará el caso valore "el daño ambiental puro", que incluye desde los daños en flora y fauna hasta los efectos en la salud de las personas, entre otros aspectos.

Al respecto, ha recordado que supondría el "primer pronunciamiento" de este tipo en España. Sobre la petición económica, la ha cifrado en torno a mil millones de euros, pero no ha descartado que pueda llegar "al doble". "Hay que esperar a las sesiones del juicio para concretarlo", ha indicado en relación a un proceso judicial que comenzará el próximo 16 de octubre.

La causa del "Prestige", que se prolongará hasta el 29 de mayo de 2013, juzgará el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, así como el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por supuesto delito contra el medio ambiente y daños.

Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd y el Estado español.