La Fiscalía preocupada por la protección del patrimonio cultural gallego

A Coruña, 8 jul.- La Fiscalía ha expresado hoy su "más profunda preocupación por la conservación y protección del patrimonio cultural gallego" tras la desaparición del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, "de incalculable valor histórico-artístico y de innegable valor simbólico para Galicia.

Fuentes de la Fiscalía han recordado hoy que en los últimos años esta inquietud se manifestó ante el Parlamento de Galicia y la Xunta, y también en jornadas y foros de debate en los que se concretaron documentos como el presentado a finales de 2010 en Mondariz (Pontevedra) por el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela.

Dicho documento recogía una serie de propuestas aportadas por diversas entidades y operadores culturales con objeto de mejorar las medidas de protección previstas en el anteproyecto de ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

Todo ello atendiendo a los delitos que se cometen contra el patrimonio histórico-artístico en Galicia, pues el pasado año la Fiscalía incoó 21 diligencias preprocesales penales para investigar otros tantos posibles delitos de este tipo, más de la mitad de ellas en la provincia de A Coruña.

Ese mismo año fueron 11 los delitos que dieron origen a procedimientos judiciales, 16 menos que en 2009.

La Fiscalía Superior de Galicia destaca que los delitos contra el patrimonio histórico se centran fundamentalmente en inmuebles de carácter religioso como iglesias, monasterios o ermitas, y que dentro del arte sacro los bienes más cotizados por los expoliadores son las imágenes de la iconografía católica de distintas épocas y de gran valor cultural.

Además, informa de que se ha constatado la existencia en Galicia de un mercado ilegal de piedra y objetos religiosos que, en muchos casos, se realiza a través de internet.

La Fiscalía advierte de que no resulta fácil determinar el número de expolios cometidos anualmente en Galicia, ya que sólo se cuenta con los atestados policiales abiertos después de una denuncia o, en el caso de los bienes arqueológicos, con los datos descubiertos por la Policía judicial, generalmente al sorprender al saqueador en su tarea de busca clandestina.