La Guarda Civil registra la Diputación de Huelva en busca de documentos

Agentes de la Guardia Civil de Huelva llevan desde antes de las 8,00 horas registrando la Diputación de Huelva en relación a una documentación del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

Según han informado desde el ente provincial, esta misma mañana se está llevando a cabo un registro también en las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo, ubicado en el barrio de Pescadería.

Al parecer, la Guardia Civil  busca contratos fraudulentos relacionados con los programas de fomento de empleo agrario debido a una denuncia de UPyD.

En su denuncia, UPyD ponía en conocimiento de la Fiscalía que la Diputación de Huelva, a lo largo de 2013, supuestamente destinó 300.000 euros con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario a “cuestiones bien distintas para las que inicialmente se conceden estos fondos”.Según UPyD los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias, fraude y falsedad documental.

Según últimas informaciones no se van a producir detenciones.

Según han informado desde el ente provincial, la actuación parte de una denuncia en el juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino y en relación a la documentación de este programa en un municipio del Andévalo onubense.

Así, los agentes, que han impedido la entrada de los trabajadores a primera hora de la mañana, se encuentran recopilando información de expedientes correspondientes a dicho programa en esta comarca.

Por otro lado, se está llevando a cabo un registro también en las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo, ubicado en el barrio de Pescadería.IU espera que se quede en nada

El portavoz de IULV-CA de la Diputación de Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha deseado que detrás del registro iniciado por la Guardia Civil este viernes en el ente provincial y en el Servicio Estatal Público de Empleo, a raíz de una denuncia interpuesta por dos particulares relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, perteneciente al municipio de Alosno, "se quede en nada".

En rueda de prensa, y preguntado por este asunto, Sánchez Rufo ha resumido lo ocurrido en tres palabras"tristeza, prudencia y determinación".

"Tristeza porque en un momento en el que tanta gente lo está pasando mal, la imagen de una institución cercada por la Guardia Civil es triste. Prudencia porque no vamos a perder la cabeza con esto con una falta de seriedad para analizar este tema sin conocerlo con exactitud, ya que serán los jueces quienes establezcan lo que está pasando, y determinación para que se deje actuar a quien tiene que actuar y que se depuren responsabilidades", ha enfatizado.

Por su parte, el exparlamentario andaluz por Huelva y exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha pedido este viernes"investigación a fondo y a tope" en el asunto.

A su vez, Valderas ha remarcado que esta imagen de la Diputación, cercada por la Guardia Civil, "no ayuda a mejorar el significado de la democracia, que tiene que tener como pilares fundamentales la honradez y la transparencia".

En este sentido, ha reclamado "honradez, manos limpias y palacios de cristal, que son claves ayer, hoy y mañana", pero ha remarcado que "donde haya dudas, que parece que las hay, investigación a fondo, alcance a quien alcance y caiga y quien caiga, teniendo en cuenta los conceptos de prudencia, los buenos deseos y que la justicia actúe con rapidez".La Diputación de Huelva muestra su "máxima colaboración"

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Huelva, José Martín, ha mostrado este viernes, por parte de los trabajadores de la Diputación y por la propia institución, "máxima colaboración" con la Justicia y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar toda la documentación que se requiera.

En declaraciones a los periodistas en la puerta de la Diputación, donde el registro continúa desde antes de las 8,00 horas, José Martín (PSOE) ha remarcado que la Diputación "ha realizado todo el trabajo conforme a norma y de una manera pulcra".

Martín ha precisado que esta mañana se han vivido "momentos de cierta tensión", lo que le ha parecido "tal vez un exceso porque Diputación como institución jamás va a tener ninguna dificultad a la hora de poner a disposición cualquier documentación", no obstante asegura que "a quien le toca valorar esto es al juez".

A su vez, preguntado por si están registrando los agentes de la Policía Judicial expedientes de otros municipios, Martín ha precisado que, "en todo caso, se estará llevando a cabo una especie de test para ver el procedimiento no porque haya ninguna sospecha de irregularidades concretas".

"Por lo que sabemos, y gracias al comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo que hoy se está haciendo es un registro. La Guardia Civil está solicitando una información relativa a una denuncia que se formuló sobre Tharsis, en relación a la gestión del PFEA", ha señalado Martín, quien ha precisado que "no es un programa directo de la Diputación" remarcando a su vez que, "por lo que respecta a Diputación, no hay ningún otro problema".

El portavoz del equipo de gobierno ha asegurado que se está investigando el departamento relacionado con la gestión del PFEA, Intervención y Personal, y ha insistido en que "por el momento no han habido detenciones ni se espera que las haya".

Por su parte, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino ha ordenado este viernes entradas y registro en ambas sedes en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en ayudas y subvenciones públicas.

La investigación que lleva a cabo la Policía Judicial por orden judicial se inició hace aproximadamente un año a raíz de una denuncia de dos ciudadanos particulares sobre contrataciones de un trabajador y de materiales de construcción en el citado municipio onubense.Secreto de sumario

La investigación judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario, trata de determinar si se han podido llevar a cabo contrataciones de formairregular con cargo a ayudas y subvenciones públicas y si éstas se han podido destinar a fines distintos.

Los registros llevados a cabo este viernes tienen por objeto la aprehensión de documentación y de los elementos necesarios para calibrar el alcance del presunto fraude. Las diligencias judiciales se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.