La industria de contenidos prefiere regresar a la lista negra de la piratería para que Wert endurezca las leyes

Cuando se les pregunta de manera gremial, la industria de contenidos culturales responde que no. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos asegura que no, que no quiere –bajo ningún concepto- que España reingrese enla lista negra de los países más piratas.

Sin embargo, cuando se insiste, organización por organización, más de una patronal o gestora de derechos cambia radicalmente el discurso.

La industria de contenidos culturales –música, cine, libros, etc.- desea que nuestro país entre de nuevo en la lista 301 de la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) estadounidense.

No en vano, la IIPA actualizará en abril su ranking de países con más volumen de descargas ilegales del mundo. Presumiblemente, España retornará a dicha clasificación, tras ser excluida cuando se aprobó la Comisión Sinde y permanecer dentro desde 2008 a 2011.

Esta nueva inclusión perjudicaría la marca España, una campaña de promoción internacional que lleva el Gobierno difundiendo desde hace meses. También podría dañar las inversiones extranjeras en nuestro país, al tener los operadores culturales un indicio de menor seguridad jurídica en la venta de sus contenidos.

Eso dice buena parte de gestoras de derechos de autor y patronales culturales consultadas: "Sería bueno que España estuviera de nuevo en la lista 301, porque así el Gobierno endurecería la actual Ley de Propiedad Intelectual para atajar la piratería".

"Es absurdo. La lista 301 es un arma sin poder, no es más que una pistola de fogueo o medida de presión para que un país cambie la legislación. ¿Cómo se sanciona a China o Canadá, que están dentro de la lista? Las leyes actuales no protegen al autor, sino a los intermediarios", opina Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información en IE Business School.

Dans recuerda que no hay ningún estudio riguroso que demuestre que la piratería afecte directamente a las ventas de música, cine, videojuegos o e-books. Más aún, insiste en que un reciente informe de la Unión Europea destierra ese mito.

El estudio al que se refiere Dans es el Joint Research Centre, realizado entre 16.000 usuarios de cinco países. En él, se concluye que las descargas no autorizadas de música no dañan los ingresos de las discográficas, sino que existen otros motivos, como, por ejemplo, la propia incapacidad de la industria para adaptarse a los hábitos de los consumidores.

"Lo mejor que podría ocurrirle a la cultura española es que entrara en la lista negra de descargas ilegales, porque allí están los países en los que circula el contenido no autorizado más vendido. El problema de los contenidos españoles es que nunca están en los sitios de descarga masivo", añade Dans.

Lo cierto es que la industria lleva meses presionando al Gobierno del Partido Popular para que reforme la actual Ley Sinde. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de José Ignacio Wert, trabaja desde hace meses en un Anteproyecto de Ley de la Propiedad Intelectual.

El borrador, que no convence aún a la industria, plantea sancionar la copia privada entre dos o más particulares, más presión sobre las páginas de descarga con demandas ahora en bloque o multar a los anunciantes de dichas webs. Además, quiere dotar a la Comisión Sinde de mayor poder para actuar contra la piratería, en convivencia con el Ministerio de Industria y las operadoras telefónicas.

Esta presunta reforma, aún en tránsito hacia el Consejo de Ministros, no agrada a nadie: ni a los usuarios ni a los creadores y vendedores de contenidos.

Empresas como el grupo Planeta, incluso, exigió al Gobierno que hubiera penas de cárcel para los usuarios que se descargaran contenido no autorizado.

"El problema no es legislativo. Cada vez que intentas recurrir a lo que la industria te propone [descarga, acceso en la nube, streaming, etc.] no encuentras lo que buscas", finaliza Enrique Dans.