La juez pide datos antes de fijar fianzas y exige a la Junta sus borradores

  • La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha acordado pedir más datos sobre las cantidades percibidas por los "intrusos" antes de imponerles fianzas y ha reclamado a la Junta la totalidad de las notas manuscritas y borradores que haya en los expedientes.

Sevilla, 23 nov.- La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha acordado pedir más datos sobre las cantidades percibidas por los "intrusos" antes de imponerles fianzas y ha reclamado a la Junta la totalidad de las notas manuscritas y borradores que haya en los expedientes.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, acuerda dejar en suspenso la imposición de fianzas a los primeros 14 "intrusos" de los ERE -para quienes la Fiscalía Anticorrupción había pedido un total de 2,8 millones de euros- dada la "dificultad de establecer las cuantías aplicables a cada uno".

Por ello, con objeto de "contar con cuantos datos sea posible recabar", acuerda pedir al Consorcio de Compensación de Seguros, al Banco Vitalicio y a la Junta de Andalucía datos sobre las rentas percibidas por cada uno.

La juez aprovecha para pedir a la Junta que entregue todo tipo de documentación sobre las ayudas concedidas, incluidas las "notas manuscritas y borradores" porque hasta ahora ha comprobado que "precisamente" en dichos escritos es donde aparece "información relevante para la causa".

Previamente, la Administración le comunicó que había excluido de las remesas entregadas al Juzgado los documentos "repetidos, manuscritos, notas y borradores" que por distintas circunstancias como no estar firmados habían sido excluidos de los expedientes.

También hace notar a la Junta que, en su último envío de documentos, constan como remitidos los expedientes relativos a las ayudas al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) y a la empresa Refractarios de Sevilla, pese a que no se encuentran dentro de las cajas llegadas al Juzgado.

Precisa además la juez Mercedes Alaya que el imputado Rafael Rosendo -exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla)- ha entregado al Juzgado los 112.900 euros percibidos, en una información que asegura haber recibido de la Junta, por lo que el auto asevera que el Gobierno andaluz "debe poseer mayores datos que este órgano" judicial y le insta a que, a la "a la mayor brevedad y en lo sucesivo, facilite a este Juzgado el cálculo efectuado".

Finalmente, Alaya requiere a la Junta para que entregue el informe que el viceconsejero de Empleo remitió a su homólogo de la Presidencia, el pasado 26 de julio, sobre el procedimiento seguido para la formalización del acuerdo de encomienda a la agencia IDEA de la materialización referente a los programas sociolaborales y ayudas sociales excepcionales.

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