La ley del tercer sector supondrá el "compromiso necesario" con los derechos fundamentales

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, señaló este martes que la Ley del Tercer Sector constituye “un paraguas jurídico que da al sector un DNI, un nombre, y un apellido” y supone “un compromiso de gobierno necesario” con la defensa de los derechos fundamentales de las personas.
Poyato hizo estas declaraciones durante un debate en la agencia Servimedia sobre el anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social, en el que intervinieron diputados de los grupos parlamentarios que este miércoles participarán en el debate de totalidad de la reforma en el Congreso de los Diputados.
Poyato señaló que esta ley supone un motivo de alegría para la para la entidad que preside ya que “representa la primera reivindicación que hizo la Plataforma” y constituye “un paraguas jurídico que da al sector un DNI, un nombre, y un apellido”, ya que aporta visibilidad a sus entidades y actividades, y ayuda “a distinguir qué es y que no es sector social”.
En un sector que, según Poyato, “acompaña a la personas excluidas pero también tiene una actitud propositiva” que ayude a atajar las causas de los problemas sociales, esta Ley supone “un compromiso de gobierno” necesario, más aún en la situación actual de crisis y de aumento de la pobreza en España, para la “defensa de los derechos fundamentales de las personas, en este caso de las excluidas y las más vulnerables”.
A pesar de que el texto actual “necesita mucho más”, sí representa, según Poyato, un primer reconocimiento del sector a celebrar, y en base al cual debe existir un consenso entre los distintos grupos políticos y entidades del sector “que a medio largo plazo beneficie al tercer sector en su conjunto” y que permita trabajar “en el despliegue posterior de medidas concretas”, “en base a unos objetivos compartidos”.
"COLCHÓN SOCIAL"
Carles Campuzano, diputado y ponente del Grupo de CiU en la Ley del Tercer Sector, destacó la importancia del sector no sólo en lo que se refiere a su función “como colchón social”, sino también como “instancias intermediarias entre el individuo y el poder público que ayudan a que la democracia funcione mejor”.
Según Campuzano, el Tercer Sector “no opera en el abstracto, sino en la proximidad a los ciudadanos”, con personas que “articulan y permiten la participación social”, y que son “un gran aliado de las instrucciones y administraciones públicas”.
Campuzano, cuyo grupo presentará enmienda a la totalidad del proyecto de ley actual, señaló que “continuamos sin una buena Ley de Mecenazgo, imprescindible para que el Tercer Sector pueda movilizar recursos privados” y con una Ley General de Subvenciones “más pensada para empresas que para el Tercer Sector”, que dificulta la actividad principalmente “de entidades pequeñas”.
En esta línea, remarcó también que los mecanismos de pago a proveedores que permiten liquidez en otros sectores “continúan olvidando al tercer sector”, lo que ha provocado que exista “una gran deuda de ayuntamientos y gobiernos autonómicos hacia las entidades del Tercer Sector”.
"FORTALECER LA DEMOCRACIA"
Mª Soledad Pérez Domínguez, vicepresidenta de la Comisión de Sanidad del PSOE, señaló por su parte que “el Tercer Sector es fundamental como base para el fortalecimiento de la democracia”, ya que una sociedad “sin un tejido social como el que representan las entidades que lo componen es anímica y débil”.
Para Domínguez, el Tercer Sector cumple varios papeles clave en el desarrollo democrático y social, tales como “la puesta en evidencia de los problemas que se escapan de la acción de los gobiernos”, gracias a la cual “se han desarrollado múltiples leyes”, como por ejemplo la Ley de Apoyo a la Dependencia y Autonomía Personal”, “la organización social y la articulación de participación civil”, o el de “proveedores de servicios que los hace cooperadores necesarios de las políticas públicas”.
Julio Lleonart, diputado y ponente del Grupo de UPyD en la Ley del Tercer Sector, señaló la “labor encomiable de las organizaciones del Tercer Sector”, “cuyas funciones corresponden en ocasiones a los gobiernos” y que viven “recortes presupuestarios, la estrechez asociada con la crisis económica, y los impagos de ayuntamientos y distintas entidades públicas que en ocasiones les están poniendo en una situación delicada”.
Por ello, según Lleonart, “es de agradecer que el Gobierno haya oído a la Plataforma del Tercer Sector y haya atendido la Propuesta No de Ley impulsada por el Partido Socialista que ha traído este proyecto de Ley a la Cámara”.
LA CRISIS ECONÓMICA
Josep Pérez Moya, diputado de Iniciativa per Catalunya Verds y ponente en representación del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, afirmó por último que en un momento en que “la crisis económica afecta a millones de personas en nuestro país y el sector público no tiene capacidad o voluntad suficiente”, “hay una parte de la sociedad que está articulada, prestando servicios y haciendo frente a la situación de desigualdad y pobreza” existentes.
Es por ello, según Pérez Moya, que “era necesario” el desarrollo de esta Ley, que supone un reconocimiento de las entidades que lo componen “no sólo demandada por el sector, sino también por otras ámbitos sociales y políticos”.
El representante de Izquierda Plural señaló asimismo como en opinión de su grupo parlamentario, que también presentará enmienda a la totalidad del proyecto, la ley está “pensada únicamente para asociaciones y fundaciones”, y no reconoce en su totalidad “la actividad económica” que suponen las acciones de las entidades del Tercer Sector, que aun sin disponer de ánimo de lucro “generan empleo y consolidan un sector de la economía, aspecto que hay que reforzar en la ley”.