La 'Ley Sinde' comenzará a debatirse en el Congreso la semana que viene después de meses en el ovido

¿Te acuerdas de la Ley de Economía Sostenible? Fue el gran anuncio que realizó el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación de 2009. Esta futura norma prometía convertirse en el proyecto estrella de esta legislatura porque su objetivo era cambiar el modelo económico español, basado en el 'ladrillo' a otro más moderno y competitivo.

La complejidad de la norma -que se ha comparado con un cajón de sastre porque afecta a varias leyes ya en vigor y a un abanico muy amplio de áreas- así como la polémica que causaron algunas de las medidas, como las que afectan a Internet, llevaron a propio Partido Socialista a posponer su tramitación parlamentaria durante meses. La norma llegó al Congreso en marzo, pero hasta en 11 ocasiones se ha retrasado el plazo que tienen los grupos para presentar enmiendas al texto.

Han pasado 16 meses desde que Zapatero anunciara esta ley estrella; 10desde que el Gobierno 'colara' en esta ley una diposición adicionalsegunda que permitía cerrar un página web sin autorización judicial,aspecto que posteriormente se vio obligado a rectificar. Y han pasado cinco meses desdeque la norma llegara al Congreso después de que el Consejo de Ministros aprobara esta ley sin ningún cambio.

Por fin hoy se acabaza el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enemiendas a la totalidad, es decir para pedir la devolución del texto al Consejo de Ministros. Es el primer paso para que comience a debatirse esta ley en las Cortes Generales de cara a su aprobación definitiva.

Los grupos tienen plazo hasta las 20 horas de esta tarde para presentar enmiendas a la totalidad. PP e IU-ICV ya han anunciado que lo harán y se espera que el Grupo Mixto también lo haga. CiU ha dicho que no descarta también presentar una emienda al rechazo total de la ley y el PNV aún no se ha pronunciado al respecto.

Pero la mayoría parlamentaria del PSOE le permitirá salvar este primer escollo parlamentario. Después la oposición podrá presentar enmiendas parciales al texto, que se negociarán en Comisión.

¿Qué postura adoptarán los grupos ante la 'ley antidescargas'?

Será en las enmiendas parciales donde las diferentes fuerzas políticasdeberán descubrir sus cartas respecto al cierre de páginas web. Se espera que el proyecto de ley sufra serias modificaciones durante su trámite parlamentario, ya que en su conjunto no gusta a la mayoría de los grupos políticos. En cambio no está tan clara la postura que van a mantener las diferentes formaciones en todo lo que afecta a Internet. Cuando se dio a conocer la ley, casi todos los grupos mostraron un fuerte rechazo al cierre de páginas web por parte de una comisión que depende del Ministerio de Cultura.

Pero tras las modificaciones que realizó posteriormente el Gobierno, que se vio obligado a introducir la tutela judicial en el proceso ante la polémica que generó la ‘ley antidescargas’ dentro y fuera de la Red, algunos partidos suavizaron su rechazo. Es el caso del PP, que al principio lideró una oposición muy fuerte a esta norma y llegó a pedir la dimisión de la ministra Ángeles González-Sinde , pero después fue diluyendo sus críticas.

El principal partido de la oposición llegó a desmarcarse de un frente común que plantearon PNV, ERC y UPyD. Estos grupos se mostraron contrarios a que la ‘ley antidescargas’ se regulara fuera del marco de una nueva Ley de Propiedad Intelectual. Los populares sí siguen insistiendo, por ejemplo, en que se aclaren aspectos concretos de esta norma como la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual, que tendrá la potestad de denunciar una web que considere que atenta contra la legalidad aunque será el juez quien tendrá la decisión final.

Respecto al resto de grupos, como CiU, IU o Coalición Canaria, en un principio también mantuvieron reuniones con blogeros, periodistas y especialistas en Internet para mostrar su rechazo a la disposición final primera de esta ley. Pero su posición respecto a la tramitación sigue siendo una incógnita.

Lo que se da ya casi por hecho es que durante el trámite parlamentario el Gobierno se verá obligado a introducir algunas modificaciones respecto a la conocida como ‘Ley Sinde’, ya que a la polémica que ha suscitado en la Red se han unido los ‘avisos’ de algunos órganos consultivos como el Consejo Economico y Social o la Comisión Nacional de la Competencia.