La Paz, 24 ago.- La muerte hoy de otro presidiario por graves quemaduras subió a 31 la cifra de víctimas que dejó el choque producido el viernes entre dos bandos en la cárcel de la ciudad boliviana de Santa Cruz (este), informó una fuente oficial.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó a medios estatales sobre la muerte del recluso en un hospital donde había sido ingresado para ser tratadas sus quemaduras.
El enfrentamiento, por el control de una sección de la cárcel, tuvo lugar en el penal de Palmasola de Santa Cruz, considerado el más conflictivo de los centros penitenciarios en todo Bolivia.
Hay otros 37 heridos de gravedad en los hospitales de Santa Cruz, la mayoría con graves quemaduras que en algunos casos abarcan entre el 60 % y 90 % de sus cuerpos, indicaron los medios de comunicación.
La mayoría de los reos perdieron la vida el viernes calcinados debido a que sus agresores hicieron explotar dos bombonas de gas y usaron otras como lanzallamas y para intoxicarlos.
Los agresores también atacaron a sus rivales con machetes, cuchillos, palos y posiblemente, con armas de fuego porque en el lugar del choque se encontraron casquillos de balas.
Entre los fallecidos está un niño de un año y medio que sería uno de las decenas de menores que viven en Palmasola con sus padres, una práctica aceptada en las cárceles de Bolivia cuando no tienen otros familiares que los acojan.
Hasta el mediodía de hoy, la policía aún no hizo conocer la lista de las víctimas debido a que el trabajo de los forenses continúa, en medio de los protestas de las familias que esperan noticias.
El Gobierno ha reconocido que en muchos casos los reos mandan en la penitenciarias bolivianas porque el sistema carcelario no tiene el suficiente control de parte del Estado.
La mayoría de las cárceles funciona con un régimen abierto, sin celdas propiamente dichas, sino con viviendas que muchas veces son construidas por los mismos reos y alquiladas o vendidas a otros presos, lo que motiva desigualdades entre los internos.
Las cárceles presentan serios problemas de conflictividad y hacinamiento debido, entre otros factores, a que el 83 % de los más de 13.800 reclusos está en prisión preventiva sin sentencia y sus casos sufren el crónico retraso en la administración de justicia del país.
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