La oposición se subleva con la llegada de la ley de montes al congreso, admitida con los votos del pp

Todos los grupos de la oposición del Congreso de los Diputados, salvo CiU, mostraron este jueves su rechazo a que la reforma de la Ley de Montes sea tramitada en el Parlamento, por considerar que abre la puerta a la recalificación de terrenos incendiados, limita la labor de denuncia de los agentes forestales y medioambientales para que empresas privadas se encarguen de la vigilancia e invade competencias autonómicas.
El proyecto de Ley de Montes, que modificaría la norma actual, de 2003, inició hoy su andadura parlamentaria con el debate a la totalidad de la norma en el Pleno de la Cámara Baja, puesto que el PSOE, La Izquierda Plural, UPyD, PNV y Grupo Mixto (ERC, Amaiur y BNG) presentaron enmiendas para que el texto sea devuelto al Gobierno, pero no consiguieron su propósito y serán rechazadas a última hora de la tarde ante la mayoría absoluta del PP, en tanto que los diputados de CiU se abstuvieron, según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias.
El debate se prolongó durante dos horas y estuvo presenciado desde la tribuna de invitados del Congreso por un grupo de agentes forestales y medioambientales que horas antes se había concentrado frente a la Puerta de los Leones de la Cámara Baja para mostrar su rechazo a la ley, junto con representantes sindicales, ecologistas y diputados de la oposición.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, abrió el debate con la defensa del proyecto de Ley de Montes, que, a su juicio, contribuye a la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de los recursos forestales.
LICENCIAS DE CAZA
Tejerina indicó que el texto mejora el marco jurídico nacional del sector forestal para conseguir “unos montes mejor gestionados, más cuidados y protegidos para beneficio de nuestro medio ambiente y de la riqueza y el empleo en el medio rural”, y beneficia a la población rural.
La ministra afirmó que el texto mantiene la prohibición de que pueda cambiarse el uso de un terreno forestal en los 30 años posteriores a un incendio, aunque incorpora como excepción que sobre la zona quemada haya “razones imperiosas de interés público de primer orden”, que deben ser declaradas por una norma con rango de ley.
Además, apuntó que los agentes forestales y medioambientales mantienen el carácter de agente de la autoridad y de policía judicial en sentido genérico, de manera que sus funciones “sólo se sistematizan, sin cambiar ni sus características, ni sus funciones, ni sus obligaciones”, con lo que únicamente en un 2% de los casos serán auxiliares del Seprona.
Tejerina señaló que el proyecto de ley facilitará la caza con una única licencia en varias comunidades autónomas, una petición que solicitaron inicialmente Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura, a las que se adhirieron después Aragón, Asturias y Galicia.
“DECIR LA VERDAD”
Por otro lado, la portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Pilar Lucio, criticó la “deriva legislativa” y el “cortoplacismo” del Gobierno de Mariano Rajoy en materia medioambiental, con reformas defendidas “pervirtiendo las palabras”. “No es que les falte un poco de piel, sino la capacidad para decir la verdad y no tratar a la ciudadanía como fueran seres manipulables”, apostilló.
Lucio explicó que detrás de la Ley de Montes está dejar la vigilancia de estos lugares a empresas privadas en detrimento de los agentes forestales y la posible recalificación de montes quemados para construir y alimentar “la especulación urbanística”, al tiempo que añadió que “no llega a entenderse ningún motivo racional” para que estos profesionales vean reducida su “capacidad de denuncia y de inspección”. “¿Creen que los agentes forestales no tiene que ser funcionarios públicos? ¿Que se debe privatizar la vigilancia de los montes? Esa España de ‘Los santos inocentes’ para nosotros ya pasó hace tiempo”, comentó.
Por su parte, Josep Pérez Moya, de La Izquierda Plural, se preguntó “qué intereses se mueven” alrededor del proyecto de Ley de Montes: “¿La protección del bien común o la defensa de los intereses privados de unos pocos bajo un criterio de gestión forestal puramente economista?”.
Pérez Moya aseguró que el texto “abre la puerta” a la recalificación urbana de montes quemados, “una aberración típica de un Gobierno con una visión cortoplacista que tan sólo vela por los intereses de unos cuantos” para “perpetuar los intereses económicos a golpe de ladrillo”, y mencionó el caso de Terra Mítica.
“De manera incomprensible degradan y humillan la figura de 6.400 agentes forestales en nuestro país, lo que podría dar paso a la privatización de las funciones de policía, vigilancia y custodia del patrimonio natural. ¿Por qué esa agresión a un cuerpo que tiene 140 años de historia? Para privatizarlo”, agregó.
“PIRAÑA EN UN BIDÉ”
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, sugirió que la norma “abre la posibilidad a la privatización de la guardería forestal” y rechazó la alusión en el texto sobre los agentes forestales porque, a su juicio, “iremos a la privatización encubierta” de la vigilancia de los montes.
Joseba Antoni Agirretxea (PNV) señaló que prefiere la Ley de Montes de 2003 a su reforma, enumeró varios aspectos del proyecto normativo que invaden competencias autonómicas y afirmó que “despojar a los agentes forestales de funcionarios públicos” es “algo intencionado y muy premeditado” que encierra “una fórmula enmascarada para una posible privatización” de esta labor.
Teresa Jordà (ERC) recalcó que el proyecto de ley abre la posibilidad de que “los incendios de los montes sean rentables para los especuladores” y quita a los agentes forestales su “rango de policía judicial” dificultando así la detención de los pirómanos. “Es una vergüenza, una tomadura de pelo a la ciudadanía su receta para el camino de la construcción desaforada”, apuntó.
Maite Ariztegui (Amaiur) criticó la “invasión en toda regla” de las competencias autonómicas, sugirió que las empresas privadas pasarán a hacer la labor de los guardas forestales e indicó que “levantar el veto” al cambio de uso de terrenos quemados durante 30 años “tiene más peligro que una piraña en un bidé”.
Joan Baldoví (Compromís) comentó que el texto “no supone ninguna mejora en la gestión forestal integral de nuestros montes”.
“FALACIAS”
Por otra parte, en nombre de CiU tomó la palabra Martí Barberà, quien justificó que el grupo catalán haya sido el único en no haber presentado una enmienda a la totalidad de la ley porque ésta contiene novedades que son de su agrado, como “la necesaria reactivación económica del sector forestal”, si bien anunció que presentará una enmienda parcial para que los agentes forestales no sean auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Por último, la portavoz de Medio Ambiente del PP, Teresa de Lara, mostró su “estupor e indignación” ante lo expresado por algunos portavoces que le precedieron en el uso de la palabra, quienes, a su modo de ver, “muestran en general un profundo desconocimiento del texto”.
De Lara tildó de “falacia” las aseveraciones de que se pueda construir en terrenos incendiados, ya que el cambio de uso sólo se permitirá por “razones imperiosas de interés público de primer orden”, lo que sólo se permitirá en el caso de “infraestructuras de alto valor público”.
Consideró también una “falacia” que el proyecto de ley degrade a los agentes forestales, puesto que continúan siendo agentes de la autoridad y “no pierden ninguna competencia” en cuanto a investigación y denuncia, sólo que deben coordinarse con el Seprona “cuando concurran en un mismo acto y para un mismo hecho, lo que ocurre tan sólo en un 2% de los casos”.