La oposición sudafricana espera reabrir los casos de corrupción contra Zuma

Johannesburgo, 4 sep.- El principal partido de la oposición sudafricana aseguró hoy que espera poder reabrir los casos de corrupción contra el presidente del país, Jacob Zuma, tras obtener las conversaciones grabadas a las que apeló en 2009 el fiscal general para retirarle los cargos.

La líder de la opositora Alianza Democrática (AD), Helen Zille, recibió personalmente las cintas en un sobre sellado en el Tribunal Superior de Pretoria después de cinco años de lucha en los tribunales, según informaron los medios locales.

Zille consideró que la decisión del fiscal Mokotedi Mpshede de retirar los cargos contra Zuma se debió a motivos políticos.

La opositora confió en poder demostrarlo con las grabaciones y lograr así la reapertura de los más de 700 cargos por corrupción, lavado de dinero, fraude y crimen organizado que pesaban contra el presidente.

"Tenemos toda la esperanza de ir adelante con la solicitud de revisión" de la decisión del fiscal, aseguró a la salida del tribunal una eufórica Zille.

Poco antes de las elecciones generales de 2009, que llevaron a Zuma al poder, Mpshe citó el contenido de estas cintas como prueba de que el político había sido víctima de una conspiración por parte de sus enemigos.

Las cintas fueron grabadas por los servicios de inteligencia y contienen conversaciones entre miembros de la fiscalía supuestamente leales a Thabo Mbeki, expresidente y adversario de Zuma.

El Tribunal de Apelación dispuso la semana pasada que la Fiscalía debía entregar las cintas a la AD en un plazo de cinco días.

Zuma, cuyos abogados se habían opuesto a la divulgación de las grabaciones, se mostró hoy satisfecho en un comunicado por la puesta en práctica de la decisión de los jueces.

Jacob Zuma fue reelegido este mes de mayo por una amplia mayoría de más del 60 por ciento, que le otorgó su segundo y último mandato pese a los escándalos de corrupción y abusos de poder en los que se ha visto implicado también como presidente.

En el mayor de ellos, la Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela, le acusa de haber gastado de forma indebida los más de 15 millones de euros que costó la reforma de su residencia privada.