La reanudación de las ejecuciones en Jordania desata la polémica

Abdul Jalil Mustafa

Ammán, 22 dic.- La reanudación de la aplicación de la pena de muerte en Jordania, con la ejecución ayer de once personas acusadas de asesinato, ha desatado una intensa controversia entre sus detractores y quienes la consideran un castigo disuasorio.

El anuncio del Ministerio de Interior del ahorcamiento de once condenados en la prisión de Suwaga, a 70 kilómetros al sur de Ammán, la madrugada del domingo, tomó por sorpresa a numerosos observadores y activistas pro derechos humanos.

Las ejecuciones, las primeras que se registraron en el país desde 2006, fueron llevadas a cabo pocas horas después de que las órdenes emitidas por el Gobierno fueran ratificadas por el rey Abdalá II.

Los defensores de la pena de muerte, entre ellos estudiosos y políticos islamistas, sostienen que la pena capital representa un castigo disuasorio.

El ministro de Interior, Husein Mayali, alertó el pasado mes de noviembre de que se había registrado un aumento de los crímenes en el país y sugirió que se podría deber a la moratoria en la aplicación de la pena capital.

El rector de la Facultad de Ley Islámica en la Universidad de Jordania, Mohamed Jatib, aseguró a Efe que "el cese de las ejecuciones tuvo efectos muy negativos en la sociedad jordana, con el aumento dramático de los crímenes".

"Considero que la reanudación de las ejecuciones es un paso correcto desde el punto de vista de la ley islámica porque envía un mensaje de tranquilidad a la sociedad, y cualquier persona que tenga intención de cometer un crimen se lo pensará varias veces antes de llevarlo a la práctica", dijo Jatib.

El profesor, al igual que numerosos islamistas, sostiene que la aplicación de la pena de muerte se fundamenta en la aleya 179 de la azora segunda del Corán en la que se dice: "En la ley del talión tenéis vida".

"Quitarle la vida a un asesino que ha matado a otra persona es necesario para salvar la vida de la comunidad y, además, conforta a la gente y a la sociedad sobre sus vidas", agregó.

Jatib también subrayó que a pesar de las presiones de varios gobiernos europeos para suprimir la pena de muerte, "hay democracias occidentales, como Estados Unidos, que continúan aplicando este castigo para proteger a sus sociedades".

En el otro polo, sus detractores, en su mayoría las organizaciones de derechos humanos y los activistas de la sociedad civil, han mostrado su estupefacción por la ejecución en masa y han insistido en que la supuesta disuasión atribuida por sus defensores no ha sido probada.

"Nos quedamos estupefactos cuando supimos que se habían ejecutado las sentencias de muerte el domingo, porque no había ningún signo de que dicha medida fuera inminente", aseguró la directora del centro Adaleh para el estudio de los derechos humanos, Luna Sabah.

Sabah subrayó su rechazo a la pena de muerte porque "representa una agresión al derecho de la gente a vivir y porque su aplicación es un acto cruel y opresivo".

Además, insistió en que "no hay una clara evidencia de que la pena de muerte disuada a los criminales de cometer asesinatos".

Según Sabah, "hay una fuerte demanda por parte de la gente de la calle y de las organizaciones de derechos humanos para que este castigo se deje de aplicar".

La directora de Adaleh agregó que "no hay garantías de que los juicios de las personas condenadas se hayan desarrollado de manera correcta".

Según fuentes judiciales consultadas por Efe, 120 personas, incluidas 14 mujeres, están encarceladas en Jordania tras ser condenadas a la pena de muerte.