Madrid, 24 nov.- Lo repiten todas las encuestas: los ciudadanos confían poco en los políticos y piensan que la corrupción es uno de los grandes problemas del país. Para afrontar ese descrédito, el Gobierno planteó la Ley de Transparencia, que se aprobará definitivamente el próximo jueves, y ahora un ambicioso Plan de Regeneración Democrática.
Ese proyecto, presentado esta semana a los grupos parlamentarios por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, llegará antes de fin de año al Consejo de Ministros y modificará más de quince leyes, desde la legislación básica sobre partidos políticos al propio Código Penal.
Esta iniciativa por la regeneración democrática se articulará a través de tres grandes paquetes normativos.
Una Ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, una Ley reguladora del ejercicio del cargo público de la Administración General del Estado y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.
En el ámbito de los partidos, se regulará la figura del responsable de la gestión económico-financiera, que deberá comparecer anualmente en el Parlamento para informar de las cuentas de las formaciones políticas.
Se obligará a los partidos a publicar en su web todas las subvenciones recibidas y a inscribir en un registro público las fundaciones y asociaciones vinculadas, para facilitar su control y fiscalización.
Además, se prevé retener el pago de las subvenciones a los partidos en los casos en los que no presenten sus balances al Tribunal de Cuentas.
En el caso de los cargos públicos, se definirán claramente sus obligaciones y derechos, en una norma con rango legal, corrigiendo la actual dispersión normativa.
Se concretarán los gastos de representación, se prohibirá el uso de tarjetas de crédito para esos gastos y se reforzará la Oficina de Conflictos de Intereses.
Al término del mandato de esos cargos públicos, se fiscalizará su patrimonio para detectar posibles situaciones de enriquecimiento injustificado.
Entre las medidas penales y procesales que contempla el plan, destacan la creación de nuevos delitos relacionados con la financiación de partidos, recogiendo por primera vez de forma explícita el delito de financiación ilegal, la falsedad en las cuentas o la administración desleal.
Se agilizarán los procedimientos judiciales en casos de corrupción y se reforzará el tratamiento penal de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales.
Asimismo se prohibirá a los condenados por este tipo de delitos la posibilidad de contratar con la administración y se creará la nueva pena de inhabilitación especial en los delitos de tráfico de influencias o fraude.
La idea del Gobierno es que los grupos políticos puedan dar su opinión sobre este plan de regeneración democrática antes de la aprobación de esos tres proyectos de ley en el Consejo de Ministros manteniendo después la negociación durante el trámite parlamentario.
También está abierto a que los grupos pidan la opinión de expertos en la materia con comparecencias en comisión en el Congreso, tal y como ha ocurrido con la Ley de Transparencia, aunque se marca como límite el que los tres proyectos puedan entrar en vigor durante esta legislatura.
En la exposición de motivos del plan, que ya está en poder de los grupos parlamentarios, el Gobierno reconoce que la "confianza" es el principal activo de la economía y de la democracia y por ello se marca como dos grandes objetivos salir de la crisis y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de los ciudadanos en la democracia y las instituciones.
Para conseguirlo, añade el documento, el Gobierno considera que la mejor herramienta es el diálogo para "entre todos, lanzar el mensaje alto y claro a quienes corrompen la política, y con ella a la democracia".
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