Blanqueo de capitales, cohecho, malversación... son delitos sobre los que cada vez se habla más. Tras el caso Malaya, uno de los más mediáticos y con más responsables implicados, se han ido sucediendo un goteo de casos de corrupción urbanística, entre los que destacan, por su repercusión mediática, Gürtel, Pretoria, Brugal o Ciempozuelos. Ahora es el turno de Murcia.
Estos mismo delitos son los que lleva un año y medio el titular del juzgado de instrucción número 8 de Murcia y los que han provocado una nueva oleada de registro en instancias públicas, y también privadas. Los agentes de la Guardia Civil entraron este martes en las dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, así como en diversas empresas.
En Murcia la sospecha de irregularidades urbanística se cierne sobre la expansión urbanística de la zona norte de la ciudad, donde se ubica, entre otras urbanizaciones, el complejo Nueva Condomina. Fuentes judiciales informan a Efe que la investigación se está centrando en las operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de esta zona de la ciudad.
El plan parcial Nueva Condomina se aprobó por el pleno del Ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003 e incluía una alternativa residencial criticada desde entonces por la oposición (PSOE e IU).
Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables.
Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó en abril de 2004 la reparcelación de Nueva Condomina de 2,1 millones de metros cuadrados, que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de fútbol.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia afirma que el caso está relacionado con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.
Desde el Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el PP, intentan contrarrestar la imagen pública que se está dando con estos registros y las tres detenciones. En un comunicado, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en sentencias de 2005 y 2006, y el Tribunal de Cuentas, en una de 2009, dictaminaron la inexistencia de irregularidades y de responsabilidad contable, respectivamente, en el desarrollo urbanístico de la zona norte.
Quién es quién
Por el momento, hay tres personas detenidas que este miércoles pasan a disposición judicial: director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y del ingeniero Renato de Noce. Pero, ¿quién son las personas supuestamente implicadas en esta trama?Alberto Guerra: 'número 2' de la concejalía de Urbanismo es una persona tranquila y de carácter afable, que ocupó a finales de 2004, según las claves aportadas por el periódico La Verdad de Murcia.Higinio Pérez Mateos es un abogado, según este diario, que ha pasado de recurrir multas de tráfico a codearse con los cargos públicos del Consistorio y asesorarles en materia urbanístoca.El italiano Renato de Noce ya estuvo implicado en otra operación urbanística, el caso Barraca. Según La Verdad, este empresario es el intermediario en operaciones de compraventa de suelo.Jesús Samper, dueño del Real Club de Murcia, está en el punto de mira por la recalificación de los terrenos de la Nueva Condomina, donde también se construyó un centro comercial, a pesar de ser suelo no urbanizable.Fernando Berberena es el concejal de Urbanismo de Murcia y responsable de la planificación urbanística de la ciudad. Uno de los registro se llevó a cabo en su despacho.Joaquín Peñalver, es el 'número 3' de Urbanismo. Este arquite es el principal imputado del caso Barraca, abierto por presunta corrupción.Sandra de la Puente, esposa de Peñalver, es sospechosa de ser la testaferro de su marido en el caso Barraca, en las supuestas operaciones urbanísticas en las que Peñalver intervenía por razón de su cargo, explica La Verdad.María Isabel Fernández, esposa de Guerra y jefa de Oficina de Gobierno Local, está siendo investigada, según La Verdad, por si ha podido ejercer como tapadera para ocultar un supuesto enriquecimiento irregular de su marido.
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