La venta del bio-bac se movía en la clandestinidad, según la Guardia Civil

Madrid, 26 may.- El coordinador de la operación Brujo de la Guardia Civil contra la red de distribución del bio-bac como medicamento ilegal ha explicado hoy en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid que la venta de este producto se movía en la clandestinidad.

Varios agentes del instituto armado que participaron en las actuaciones han comparecido en la quinta sesión del juicio a cuatro acusados por delitos contra la salud pública y los consumidores, por fabricar y comercializar el bio-bac como un medicamento para prevenir y tratar cáncer, sida, hepatitis y enfermedades degenerativas.

El instructor de las diligencias ha indicado que había un intento de "ocultar" la vinculación del producto y el lugar donde se producía y comercializaba, la finca "Los Fresnos", situada en el kilómetro 4 de la carretera de Guadarrama a El Escorial.

Entre otras pautas, el principal imputado en la causa, Antonio Rafael Chacón, ordenó hacer el máximo de trabajos "en secreto" y decidió mantenerse "en un segundo plano", según el responsable de la investigación, quien ha subrayado que la actividad se desarrollaba "a espaldas de la Administración totalmente", sin autorización.

Durante el registro de la finca, en la vivienda principal, los agentes encontraron neveras y botes no etiquetados, mientras que, en un edificio anexo, que fue precintado, hallaron entre 25.000 y 30.000 botellitas en palés, ha precisado.

El coordinador de la investigación ha distinguido dos "vías" de actuación de la "red", una "de hecho" para poner el bio-bac a disposición de los pacientes como complemento alimenticio con el objetivo de "ganar dinero", y otra "de derecho", para intentar "legalizar" el producto.

El doctor Fermín Moriano, que también estaba acusado en el procedimiento, aunque ha fallecido, era "un elemento clave" en la distribución de Chacón Farmacéutica S.A. y percibía "comisiones" en función del número de pedidos del bio-bac, ha detallado.

Respecto a las funciones de los otros dos procesados en la causa, el biólogo Enrique Martínez era la "persona de confianza" y el asesor "técnico" de Antonio Rafael Chacón, mientras que la secretaria Consuelo Serdio actuaba más como "socia" que como "recepcionista" y "dispensadora" del producto, ha agregado.

Las pesquisas se desarrollaron entre marzo y octubre del año 2002 a raíz de una denuncia de la Agencia Española de Medicamentos sobre la distribución de un medicamento ilegal, sin autorización administrativa, que podía suponer un grave riesgo para la salud.

Entre otras actuaciones, la Guardia Civil intervino durante unos meses una línea telefónica, instalada en la finca "Los Fresnos", que era el centro de distribución del bio-bac como jarabe o inyectable, donde se recibían las llamadas de pacientes, particulares y médicos ligados a la "red" para pedir el producto.

En una de las llamadas intervenidas, un enfermo terminal de sida le advirtió a la dispensadora del producto que era lo único que estaba tomando, a lo que ésta le contestó que siguiera consumiéndolo y que se iba a curar.

Uno de los documentos intervenidos por el instituto armado es un plan de negocio a cinco años entre 1998 y 2003, que en el último año preveía unos ingresos de 200 millones de pesetas por la comercialización del bio-bac.