La vida del asesino del bar "La Tómbola" de P.Rico en manos de un jurado

San Juan, 21 mar.- La vida de Alexis Candelario Santana, declarado culpable del asesinato en 2009 de ocho personas en el bar "La Tómbola", está en manos de los doce miembros del jurado que desde mañana se reúne para decidir sobre su posible condena a la pena capital.

El asunto divide a la opinión pública puertorriqueña, que durante las últimas semanas ha seguido de cerca uno de los casos más mediáticos de la escena local por ser considerado uno de los asesinatos múltiples más graves de la historia reciente de la isla.

Ocho personas murieron a causa de este tiroteo, ocurrido el 17 de octubre de 2009 en el bar "La Tómbola", del distrito puertorriqueño de Toa Baja, en la costa norte de Puerto Rico.

La Policía atribuyó este suceso a un ajuste de cuentas de Candelario Santana con el propietario del bar por el control de la venta de estupefacientes en la zona.

Candelario Santana ya había sido declarado en 2003 culpable de cinco asesinatos en segundo grado, lo que le costó una pena de 12 años de prisión, aunque solo cumplió la mitad por un controvertido acuerdo judicial.

Miembros de la Alianza Católica Puertorriqueña por la Vida se han concentrado durante esta semana ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en San Juan, donde se presentaron los últimos atenuantes y agravantes del caso, para mostrar su rechazo a la pena de muerte en la isla.

La organización pretendía con su protesta mandar un mensaje contra la pena de muerte en Puerto Rico, cuya Constitución prohíbe específicamente.

Mariana Nogales, portavoz de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte (CPCPM), explicó a Efe que a pesar de que la pena de muerte se prohíbe en la Constitución de Puerto Rico sí se puede condenar al castigo capital en la isla caribeña en virtud de la ley federal.

Nogales recordó que la última vez que se ejecutó a una persona en Puerto Rico fue en 1927, entonces bajo una ley local que se aboliría dos años después.

Aclaró que la Ley federal de Pena de Muerte de 1994 hace posible la sentencia de muerte en Puerto Rico, aunque nunca podría ejecutarse en suelo caribeño.

Nogales explicó que en el caso de que Candelario Santana fuera finalmente condenado a muerte sería trasladado a Estados Unidos para ser internado en una prisión federal a la espera de su ejecución, aunque existe la posibilidad de apelación de la sentencia.

Además del caso contra Candelario Santana, está en marcha el de Lashaun Casey, cuyo jurado se espera que el lunes comience la deliberación sobre su responsabilidad en el asesinato del agente encubierto Jesús Lizardi Espada, ocurrido el 1 de agosto de 2005.

De encontrarlo culpable, el jurado deberá determinar si le impone la cadena perpetua o la pena de muerte.

La Sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional (AIPR) se ha unido a las protestas contra la pena de muerte y apoya las vigilias de rechazo a las puertas del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.