Representantes de Amnistía Internacional han denunciado que el aumento en la violenciacontra las comunidades indígenas colombianas los está obligando a luchar por sobrevivir y acusan al Gobierno de no tomar acciones para ayudarlos.
La agrupación ha culpado a los grupos guerrileros, las fuerzas de seguridad y los grupos palamilitares de los hechos de violencia como homicidios, desapariciones forzosas, secuestros, amenazas, abusos sexuales contra mujeres, reclutamiento de menores como soldados, desplazamiento forzoso y persecución de dirigentes indígenas.
Según cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia, al menos114 mujeres, hombres y niños indígenas fueron asesinados y miles fueronvíctimas de desplazamiento forzoso solamente en 2009.
"Los indígenas sufren cada vez más ataques en Colombia —ha afirmado Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia en Amnistía Internacional—. Se les está matando y amenazando, se les está obligando a participar en el conflicto armado y se les está echando de sus tierras."
"Ya es hora de que el gobierno colombiano asuma seriamente sus obligaciones y actúe de inmediato para proteger a los pueblos indígenas", continuó explicando.
Amnistía Internacional también ha declarado que las autoridades colombianas rara vez investigan los crímenes que se cometen contra los indígenas. "A menos que las autoridades actúen con rapidez para proteger a lospueblos indígenas en Colombia, existe un riesgo real de que muchosdesaparezcan", ha manifestado Pollack.
Miles de indígenas se han visto obligados a desplazarse de sus tierras porque viven en zonas de intenso conflicto militar y ricas en biodiversidad, minerales y petróleo. Otras sin embargo, no han podido salir de sus territorios porque los grupos armados han sembrado minas terrestres en las zonas adyacentes.
Las partes del conflicto también han bloqueado el acceso a la comida y a medicamentos esenciales, afirmando a menudo que estos suministros están destinados al enemigo. Incluso han ocupado las escuelas y las han usado como bases militares, atacando físicamente a los maestros, lo que impide a sus pobladores tener acceso a la educación.
Los indígenas Awá se vieron especialmente afectados en 2009 y más de la mitad de las víctimas de homicidio durante ese año pertenecían a este pueblo.
Los Awá son propietarios colectivamente de las tierras y los ríos del resguardo (reserva indígena) de El Gran Rosario, en el municipio de Tumaco, perteneciente al departamento suroccidental de Nariño.
Viven en una zona de importancia estratégica para las partes en conflicto en la que actúan la guerrilla de las FARC y el ELN, grupos paramilitares y bandas de narcotraficantes, además de las fuerzas de seguridad colombianas.
Recuento de hechos
El 26 de agosto del 2009, hombres con uniformes militares, armados y encapuchados atacaron a las cinco de la mañana la comunidad de El Gran Rosario, mataron a 12 Awá, entre ellos seis niños y un bebé de ocho meses e hirieron a otros más. Entre los fallecidos estaban Tulia García y sus hijos. García había presenciado el asesinato de su esposo Gonzalo Rodríguez, el 23 de mayo de ese mismo año, a manos de soldados de las fuerzas armadas y había recibido amenazas por ello.
Dicha masacre, provocó que 300 Awá, entre los que había 100 niños, abandonaran sus casas, bienes y medios de vida y huyendo a Tumaco. Semanas después de su llegada continuaban viviendo en refugios que ellos mismos habían construido o durmiendo a la intemperie. Los alimentos y el agua eran escasos y no había instalaciones de saneamiento.
El 4 de febrero de 2009, las FARC mataron a 15 Awá, entre ellas dos mujeres embarazadas, en el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño.
Amnistía Internacional ha pedido a quienes participan en el conflicto, incluidos los grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad colombianas, que respeten los derechos de los pueblos indígenas a no ser arrastrados a las hostilidades y que respeten los territorios en los que viven y de los que depende su subsistencia.
Los 40 años de conflicto armado de Colombia han afectado a millones de personas en todo el país, dejando un saldo de decenas de miles de muertos, torturados y víctimas de desaparición forzosa. La inmensa mayoría de las víctimas son civiles.
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