Lara presenta programa con "corrupción cero" para Ayuntamientos y comunidades

Madrid, 7 ene.- El líder de IU, Cayo Lara, ha presentado hoy el programa marco para las municipales y autonómicas de mayo con una propuesta de "corrupción cero", que, entre otras medidas, prevé la creación de un registro público de recalificaciones de suelo y que se fijen los precios máximos de venta.

Porque es precisamente la recalificación del suelo, ha explicado Lara en una rueda de prensa en la sede de Olimpo, una de las piezas fundamentales de las que se alimenta la corrupción, como también se genera a través de la privatización de empresas y servicios públicos, ha advertido.

Por eso, otra de las iniciativas que IU va a defender es la "reversión", allí donde gobiernen, de todas las privatizaciones que se hayan hecho pese a reconocer que no será una tarea fácil y que, seguramente, les llevará, en muchos casos, a los tribunales.

Izquierda Unida quiere hacer de la lucha total contra la corrupción uno de los ejes de su programa electoral junto a la creación de empleo y la garantía de los servicios sociales, y para ello propondrá una ley integral y severa anticorrupción, que incorpore el delito de enriquecimiento ilícito y otra ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas.

La eliminación de la inmunidad asociada a los delitos de corrupción y que este tipo de delitos no prescriban son medidas que están también en este programa aún no definitivo.

Otra medida que contempla IU es la eliminación de los complementos por cargo y la incompatibilidad "radical" para la gestión y contratación del sector público por empresas que en sus órganos de gestión incluyan a personas que hayan trabajado para la Administración los tres años anteriores.

De igual manera, quieren impedir que quienes hayan trabajo en la Administración se puedan incorporar a la empresa privada en los tres años posteriores a su cese.

También apuestan por un control "estricto" del absentismo del cargo público, con sanciones para quienes hagan "dejación de funciones", y por reformar la ley de contratos del sector público para limitar las revisiones de los precios de la contratación y que se incorporen las reformas establecidas por la Unión Europea.