Las bases de 'Podemos' critican el "ansia viva" de la dirección por acumular cargos

    • Simpatizantes reclaman que se cumpla el principio de "una persona, un cargo".
    • Varios miembros compatibilizan funciones estatales con secretarías autonómicas y locales.
Iglesias, con la secretaria general de Podemos en Cataluña, Gemma Ubasart.
Iglesias, con la secretaria general de Podemos en Cataluña, Gemma Ubasart.

Pese a que la participación ciudadana parece inscrita en el ADN de Podemos, el partido ha tardado hasta seis meses en habilitar un sistema que permita canalizar las iniciativas de sus bases para su aprobación.

El mecanismo fue anunciado ya por Iglesias el pasado septiembre, cuando aceptó incluirlo en el borrador de principios organizativos de la formación, pero no se puso en marcha hasta ayer. El mecanismo exige de varios filtros: todas las propuestas que en Plaza Podemos-el espacio de debate virtual del partido-recaben el aval del 2 por ciento del censo serán subidas a la web para facilitar su difusión. Después, habrá aún de contar con el apoyo del 10 por ciento de los inscritos o del 20 por ciento de los círculos para ser sometida a referéndum habrá de contar con el apoyo del 10% de los inscritos o del 20% de los círculos. Una cantidad no desdeñable, teniendo en cuenta que el partido tiene actualmente unos 355.000 inscritos.

Las iniciativas son extensibles también a la revocación de cualquier cargo electo de Podemos, de forma que cualquier persona, grupo de trabajo o círculo podrá emitir una solicitud que, una vez avalada por el 1 por ciento del censo, será subida a la web. El partido da un plazo de tres meses para reunir, en este caso, el aval del 20 por ciento de los inscritos o del 25 por ciento de los círculos para ser sometidas a votación.

Estas iniciativas de participación, que no figuraban inicialmente en el borrador de principios organizativos de Podemos, fueron incluidas tras varios debates con otros equipos de trabajo, y en aras también de contentar a las bases, críticas con el texto original de Iglesias.

Hasta el momento, esas bases han logrado elevar cuatro propuestas, que actualmente están siendo debatidas. Hasta el momento, las más populares son las que reclaman un mayor acercamiento de los miembros la cúpula de Podemos, del consejo ciudadano y de la comisión de garantías y una mayor interacción con los simpatizantes. Así, la que reclama a la dirección que aporte más información sobre los cargos electos lleva acumulados 1.199 apoyos-al cierre de esta información- de los 35.574 que son exigidos. La segunda en votaciones solicita una comunicación periódica, semanal, de los miembros directivos con las bases de Plaza Podemos. La escasa presencia de estos en este espacio de debate y la falta de interacción ha sido criticada en más de una ocasión.Una persona, un cargo

En tercer puesto aparece no obstante la que a día de hoy es la propuesta más crítica con la dirección: la que exige que se ponga coto a la acumulación de cargos. "Frenemos el ansia viva por acumular cargos de algunas personas", se lee en su enunciado. La petición lleva recabados 758 apoyos, aún muy lejos del 10% necesario.

La situación no es nueva en la formación y, a día de hoy, sigue sin tener una regulación clara. El compromiso de Podemos era limitar esos cargos, pero el desarrollo de ese compromiso recae en los Consejos Ciudadanos municipales, encargados de delimitar un régimen de incompatibilidades "de orden personal, civil y político", según se establece en los principios del partido. Por el momento, este reglamento no se ha definido, y ello conduce a un escenario en el que la mayoría de los miembros de la cúpula del partido ejerce otras funciones.

Así, por ejemplo, Luis Alegre, secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid es además miembro de la Ejecutiva- el "núcleo duro" del partido, más próximo a Iglesias-donde ocupa el cargo de Secretario de Participación Interna. Algo similar ocurre con Gemma Ubasart, la líder del partido en Cataluña y candidata a las autonómicas, que es además la encargada de la secretaría de Plurinacionalidad y Políticas Públicas para el cambio.

La situación es habitual entre personas que compaginan puestos estatales con otros en sus correspondientes consejos municipales, como ocurre con el secretario general de Podemos en la capital, Jesús Montero, perteneciente a su vez al consejo estatal. Esta acumulación ha sido criticada por buena parte del sector crítico, por entenderla poco razonable en relación a otros compromisos defendidos por el partido.

De hecho, la formación propone entre sus medidas 'programáticas' eliminar la acumulación de cargos-diputado, senador, alcalde...-y en Bruselas sí ha practicado con el ejemplo. Los eurodiputados Teresa Rodríguez y Pablo Echenique renunciaron a sus escaños para ser candidatos en Andalucía y Aragón, respectivamente. La primera fue sustituida por Miguel Urbán, integrante de Izquierda Anticapitalista y perteneciente a la corriente alternativa a Iglesias; el segundo, por Estefanía Torres, politóloga que ya había ocupado el número 8 en la lista con la que Podemos acudió a los comicios europeos el pasado 25 de mayo y que hoy mismo ha tomado posesión.

La intención de Iglesias es también renunciar al escaño cuando se presente como candidato a Moncloa, el próximo noviembre.Medidas contra la corrupción

Otra de las propuestas pide a la dirección que tome en consideración la batería de propuestas de los jueces decanos en materia anticorrupción, y que se recoge en el documento de Valencia, presentado en diciembre pasado. Entre estas medidas, que dibujan un grave diagnóstico para la situación de España, se plantea, por ejemplo, reducir los aforados autonómicos, aumentar el número de jueces por población hasta la media de 21 magistrados por 100.000 habitantes-ahora es de 11- triplicar los recursos destinados a justicia, de forma que representen el 3% de los Presupuestos Generales del Estado, rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe delito fiscal-fijada en la actualidad en 120.000 euros- ampliar la prescripción de los delitos de corrupción o incluir la financiación ilegal de los partidos políticos en el Código Penal.

Los magistrados apuestan también por aumentar las penas para delitos de corrupción y modificar el sistema de selección del Tribunal de Cuentas y el Constitucional, en su opinión, en exceso politizados.

Mostrar comentarios