Las claves del Estatut a las puertas de que se conozca el fallo del Constitucional

El debate en torno a la constitucionalidad del Estatut de Cataluña vuelve a las salas del Alto Tribunal. En esta ocasion es la propia presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, la que presenta el séptimo borrador de un texto en el que los 10 jueces que pueden votar sobre esta norma deben conseguir un acuerdo después de casi cuatro años de debate.

Probablemente el fallo del Alto Tribunal no guste ni a unos ni a otros, ya que los partidos catalanes defienden el texto íntegro, sin ningún retoque, tal y como fue aprobado por el pueblo catalán en referéndum, el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales, mientras que el PP, que recurrió el Estatut, seguramente, verá como el fallo del TC desestime alguna de sus más de 100 propuestas de modificación sobre el texto.

Éstas son las claves para poder seguir el proceso abierto en el Constitucional:

Elecciones autonómicas en Cataluña. El próximo otoño se tienen que celebrar las comicios en Cataluña, que van a estar claramente marcados por la decisión que adopte el Tribunal Constitucional –si ésta se conoce antes de su celebración--. Si este organismo judicial tumbará el Estatut, aprobado por el Parlament de Catalaunya y con el apoyo de un referéndum popular, los partidos nacionalistas ganarían un caballo de batalla para su campaña electoral –por ejemplo ERC ya ha advertido que no va a acatar una sentencia en contra del texto catalán--, mientras que el PSC, probablemente, sería el más perjudicado, junto al PP, formación que llevó la causa al Constitucional.¿Quiénes recurrieron el texto? Hace casi cuatro años, el 31 de julio de 2006, el PP presentó un recurso contre el Estatut ante el TC. Una medida que posteriormente también adoptaron el Defensor del Pueblo (en contra de las competencias que adjudica el texto al Síndic de Greuges) y cinco comunidades (la socialista Aragón y las populares Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y la entonces popular Baleares). El término "nación" en el Preámbulo. Una de las polémicas se centra en el Preámbulo del Estatut, que recoge la definición de Cataluña como nación. Los magistrados progresistas del Alto Tribunal alegan que hay abundante jurisprudencia para salvar esta parte, al estimar que el Preámbulo del texto normativo no tiene valor jurídico y porque, además, el Estatuto se limita a describir un hecho: que el Parlamento catalán votó a favor de esa definición. Asimismo, el Estatut recuerda que la Constitución española "reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad". El grueso del problema se halla en el articulado referido a los símbolos nacionales.Artículos recurridos. En el recurso presentado por Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, el PP impugna un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales del Estatut, alegando que "quiebran los principios de libertad e igualdad entre los españoles que establece la Carta Magna". Entre los artículos recurridos, destacan los referentes a la obligación de conocer el catalán (artículo 6) y el relativo a la regulación del poder judicial (el Estatut define el Consejo de Justicia catalán como órgano de gobierno de los jueces, otorgándole funciones que la Constitución otorga al Consejo General del Poder Judicial).Reinterpretación para salvar el texto. El fallo del Alto Tribunal podría considerar inconstitucionales 15 artículos del Estatuto autonómico y por reinterpretar otros 20. Por ejemplo, entre los que el TC consideraría que hay que reescribir se encontraría el artículo 6, que establece la obligatoriedad de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña ("todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas"), así como el relativo a los derechos históricos (artículo 5: "el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito educativo, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat". Según los detractores, este artículo puede dar pie a reconocer un derecho a la nacionalidad y a avanzar hacia el autogobierno a través de los derechos históricos) y los símbolos nacionales (artículo 8 reconoce la bandera, la fiesta y el himno como símbolos nacionales, por lo que una parte de los magistrados opina que admitirlo sería reconocer que Cataluña es una nación y daría valor jurídico a la definición del preámbulo).Jueces progresistas y conservadores. Este órgano esta formado por doce magistrados, encabezados por su presidenta María Emilia Casas, quien en caso de empate puede usar el privilegio del voto de calidad. En principio, junto a Casas, hay otros tres jueces progresistas, entre ellos la magistrada designada ponente de la resolución. Este grupo de magistrados busca el respaldo del magistrado Manuel Aragón, elegido a propuesta de Zapatero, así como de uno de los jueces conservadores para evitar que Casas tenga que hacer uso de su voto de calidad. Se especula que el apoyo podría llegar del vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez, quien a pesar de su adscripción conservadora, se ha alineado en ocasiones con los progresistas.El propio Tribunal Constitucional. Son muchas las voces que critican la demora de la decisión en torno al texto autonómico catalán. Los miembros del tribunal están cuestionados por los partidos nacionalistas, que alegan que un tercio de sus miembros tendría que haber cesado hace más de dos años. Además, denuncian que un miembro murió y no fue sustituido, y otro más fue recusado en esta causa. En estos momentos, el Senado ha abierto el proceso para renovar a los cuatro miembros designados por la Cámara Alta y cuyo mandato venció en diciembre de 2007.