Las empresas de seguridad privada no podrán ofrecer detectives

Las empresas de seguridad no podrán ofrecer servicios de investigación privada, que estarán reservados a las agencias de detectives.
Así figura en el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que fue aprobado este viernes por el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso. El contenido de esta norma fue explicado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al término de la reunión semanal del Ejecutivo.
Fernández Díaz aseguró que con esta futura ley habrá un marco sobre seguridad privada "plenamente actualizado" y que contribuirá por extensión a mejorar la seguridad ciudadana. También destacó que el texto aprobado clarifica la distribución competencial entre Administraciones.
El ministro explicó que el proyecto legal que remiten al Congreso incluye algunas de las 44 sugerencias que instituciones, empresas privadas y otros colectivos han realizado respecto al anteproyecto que fue estudiado el pasado mes de abril por el Consejo de Ministros.
El responsable de Interior destacó que entre los cambios que se han introducido respecto al anteproyecto está lo relativo a la incompatibilidad entre prestar servicios de seguridad privada y de investigación privada, concepto este último que hace referencia a los detectives.
"CONFLICTO DE INTERESES"
En este sentido, el ministro dijo que si bien esta incompatibilidad no figuraba en el anteproyecto presentado en abril, se ha recuperado en el proyecto, al entender que puede haber un "conflicto de intereses" u "ontológico" entre dar protección a alguien y hacer también de detective.
Asimismo, Fernández Díaz señaló que también han incorporado la sugerencia de liberalizar lo relativo a la consultoría de seguridad, de modo que esta labor no la podrán realizar sólo empresas del ramo, sino cualquier otro gabinete técnico.
El ministro también explicó que se han aceptado sugerencias de los sindicatos de seguridad para evitar el intrusismo en el sector, al tiempo que se han incorporado disposiciones para combatir las agresiones a vigilantes o guardas de seguridad. Esto intentará conseguirse dotando a estos profesionales del rango de "agente de autoridad" en determinados casos.
Asimismo, el titular de Interior se refirió a que el proyecto también incorpora una sugerencia del gremio de los joyeros, en el sentido de que las empresas de seguridad asuman la responsabilidad en relación con los servicios que pueden prestar a estos profesionales.
Otra mejora introducida fue planteada por la Agencia de Protección de Datos, que sugirió que las Fuerzas de Seguridad del Estado no aporten datos sensibles a las empresas privadas salvo cuando se trate de evitar un "peligro cierto" en relación con la seguridad de los ciudadanos.