Las prostitutas y sus clientes serán multados si actúan cerca de menores o perturban el tráfico

El Ministerio del Interior quiere que las prostitutas y sus clientes puedan ser multados con entre 1.001 y 30.000 euros si actúan cerca de lugares en los que hay menores, como los parques, o donde esta actividad pueda constituir un peligro para el tráfico, como los arcenes de las carreteras.
Así figura en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que ha elaborado Interior y que se espera sea examinado el próximo viernes por el Consejo de Ministros. Con anterioridad, el miércoles, el texto legal será analizado por la comisión de secretarios y subsecretarios que se reúne semanalmente en el Palacio de la Moncloa.
Fuentes de Interior explicaron que la futura Ley de Seguridad Ciudadana pretende mejorar técnicamente la que está en vigor, que data de 1992, al tiempo que incorpora una serie de novedades fruto de la demanda social y de las necesidades detectadas.
Por lo que se refiere a la prostitución, el anteproyecto elaborado por el departamento de Jorge Fernández Díaz contempla que ofrecer o hacer uso de servicios sexuales sea una falta grave si se realiza cerca de menores, lo que sucedería, por ejemplo, en lugares como los parques. También estará castigado llevar a cabo esta actividad donde ponga en peligro la seguridad vial, lo que incluye los arcenes de las carreteras.
Esto supone que, de aprobarse de esta forma la ley, se sancionaría tanto a las prostitutas como a los clientes que llevan a cabo esta actividad en las zonas en las que puede haber niños o donde se perturbe la circulación.
Al ser contemplada como una infracción grave, estas conductas conllevarían una sanción que iría de los 1.001 a los 30.000 euros. Se situará, de esta forma, en un rango intermedio entre las infracciones muy graves, castigadas con hasta 600.000 euros de multa, y las leves, con hasta 1.000 euros.
También en lo que se refiere a los menores, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana elaborado por Interior establece como novedad que los padres serán responsables de acciones vandálicas que puedan cometer sus hijos. De esta forma se extiende el principio que ha permitido en el País Vasco que los padres fueran considerados responsables de la quema de contenedores y otros elementos del mobiliario urbano por parte de sus hijos.