Llamazares pregunta al gobierno si investigará los niños robados durante el franquismo

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta al Gobierno para saber si piensa implicarse en la investigación de los niños robados durante el franquismo y las adopciones ilegales llevadas a cabo hasta los años 80.
En concreto, Llamazares cuestiona: "¿Piensa el Gobierno apoyar la investigación de las desapariciones de niños robados a sus madres por la dictadura franquista y posteriormente hasta los años 80 en clínicas privadas?".
En el caso de que la respuesta del Gobierno sea negativa a dar ese respaldo, Llamazares reclama que especifique las razones y que indique la fecha en la que el Ministerio de Justicia abrirá la Oficina de Coordinación y Agilización de la búsqueda de los niños desaparecidos. También solicita conocer si se creará una base de datos, incluyendo el ADN de las víctimas y familiares que lo soliciten.
El pasado 28 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en relación a las denuncias por robo de niños durante el franquismo. La Fiscalía se opone a que este tribunal investigue la causa con el "discutible argumento", según Llamazares, de que no es posible la vía penal, aunque no ha quedado cerrada la via administrativa con la creación de la citada Oficina en el Ministerio de Justicia encargada de coordinar las denuncias y agilizar los trámites en la localización de los desaparecidos.
Por eso, Llamazares pregunta al Ejecutivo si facilitará el acceso a ciertas informaciones aprobando una disposición específica que permita una interpretación flexible de la Ley de Protección de Datos.
También reclama que se facilite a las víctimas o a sus familiares "la apertura debidamente justificada de los archivos del Tribunal Tutelar de Menores, de los archivos eclesiásticos y de las clínicas en las que presuntamente se realizaron las sustracciones y entregas de niños".
Para el parlamentario de IU, lo que comenzó con una motivación política "se convirtió en un negocio en los años 60 y 70 e, incluso, prosiguió hasta inicios de los 80" con la colaboración de clínicas privadas o concertadas como O’Donnell, Santa Cristina y San Ramón, en Madrid; Santa Isabel, en Valencia y Pérez Serrano, en Zaragoza.
En su opinión, "esto constituye un delito de lesa humanidad que no ha prescrito, ya que muchas de las víctimas pueden aún estar vivas".