Los Consejos Consultivos, la jubilación dorada de los expresidentes autonómicos

    • A tan sólo 48 horas de su dimisión como ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ya forma parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y cobrará unos 8.500 euros por asistir a una reunión a la semana.
    • Suprimir estos órganos ahorraría cerca de 20 millones. Madrid destina 4,3 millones por mantener su Consejo Consultivo, de los cuales casi un millón de euros se va para altos cargos y gabinetes.

Sólo dos días pasaron tras su dimisión como ministro de Justicia y Alberto Ruiz-Gallardón ya forma parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid como consejero permanente. Desde el jueves la página oficial del órgano publica su nombre junto al expresidente de la Comunidad, Joaquín Leguina y bajo las órdenes de su presidente y excompañero de partido, Ignacio Astarloa.

Ruiz-Gallardón tendrá despacho con vistas a la Gran Vía y deberá asistir a sus reuniones, que en 2013 fueron 67. Los consejeros elegidos a 'dedazo', como el de Mariano Rajoy con sus candidatos, cobran exactamente lo mismo que un consejero regional. Unos 8.500 euros brutos mensuales (5.500 netos) y ocupan su sillón durante seis meses, prorrogable a otros seis.

Partidos como UPyD critican sus funciones y la cuantía que suponen estos órganos, financiados al 100% por el presupuesto regional. Desde el partido magenta señalan que en la práctica solo sirven para colocar a políticos en retirada: "Están politizados, son un cementerio de elefantes y están duplicados, porque el Consejo de Estado tiene competencias para asesorar a las comunidades", comenta su presidenta Rosa Díez.

El Gobierno de Mariano Rajoy, entre las 120 medidas que propuso a las Comunidades para eliminar duplicidades (reflejadas en su informe sobre la reforma de la Administración Pública) figura la eliminación de estos órganos. Hasta el momento, solo Cantabria ha suprimido recientemente su Consejo Consultivo.

Suprimir los consejos ahorraría cerca de 20 millones, más del doble que el Consejo de Estado. En concreto, Madrid destina a mantener este órgano 4,3 millones de euros de los cuales casi un millón de euros se va para altos cargos y gabinetes. Según la ley de presupuestos, estos sueldos se equiparan con los de un subsecretario de Estado, superando en muchos casos los 60.000 euros al año, por asistir a plenos semanales de apenas unas horas. ¿Cuál es el papel de estos órganos?

El papel de estos organismos, que acoge en varias Comunidades a políticos retirados y que otorga, en algunos casos, el cargo de forma vitalicia a los expresidentes regionales, consiste en revisar, asesorar y votar el trabajo de los respectivos gobiernos regionales mediante una reunión semanal.

Son los letrados (funcionarios de carrera) que trabajan en estos consejos los que sacan adelante los dictámenes y se encargan de buscar jurisprudencia, sentencias, etc. Aunque también pueden hacer consultas alcaldes o rectores de las universidades públicas. Durante todo 2013 el Consejo recibió un total de 682 consultas.

En algunos consejos, los miembros tienen que tener una trayectoria jurídica reconocida. Otros como el de Madrid no ponen trabas, de manera que es más fácil la llegada de expolíticos. Sus miembros varían según la comunidad autónoma, así Madrid tiene un presidente, nueve consejeros electivos, un secretario general y uno permanente. En total 12. Mientras que en Castilla y León son cuatro y hasta 10 en Andalucía.

Los mandatarios gallegos pueden optar por ingresar en el Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma y percibir 67.000 euros anuales o cobrar de por vida el 60% del sueldo, alrededor de 27.000 euros menos; en Castilla y León se cobra aún más por pertenecer a esta institución de asesores, 78.000 euros, pero sólo podrán cobrarla durante la mitad de tiempo que ocupó el mandato como presidente.

En la Comunidad Valenciana, la cantidad es muy parecida, 77.000 euros anuales pero el límite para disponer de un asiento en el Consejo Consultivo se extiende hasta los 15 años.

Hasta su renuncia como ministro de Justicia, Gallardón no podía acceder a este cargo ya que es incompatible "con todo cargo o empleo en la Administración pública, en situación de servicio activo, salvo los de carácter docente o con los cargos públicos de representación popular".

El artículo 7 de la Ley 6/2007 que regula este organismo expresa que "los expresidentes podrán solicitar su incorporación al Consejo Consultivo en cualquier momento, previa declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad".

En su día, la expresidenta Esperanza Aguirre renunció a su puesto en este organismo, pero en su composición se han podido y se pueden ver nombres como el de la consejera Cristina Alberdi, Joaquín Leguina, el socialista Pedro Sabando, el popular Ignacio Astarloa o la ex directora general de Justicia, Beatriz Grande.

A comienzos de año, estos consejos se colocaron en el punto de mira de la oposición para suprimirlos tras las discrepancias entre el presidente Alberto Fabra y el presidente del Consejo Consultivo valenciano.

Fabra designó consejero a un ex secretario general, destituido meses antes por dejación de funciones y lo matuvo en este órgano. Lo que causó malestar en el organismo y entre sus compañeros. Según la opinión de los expertos, estos órganos se han ido blindando cada vez más en los respectivos Estatutos de Autonomía mediante leyes orgánicas.

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