Los controladores se niegan a declarar ante el juez

Los 12 controladores aéreos citados esta mañana en calidad de denunciados en la Audiencia Provincial de Madrid para declarar ante la Fiscalía sobre su no presentación o abandono del puesto de trabajo, entre la tarde del pasado viernes y la mañana del sábado, se han acogido a su derecho a no declarar, porque entienden que la competencia corresponde a la jurisdicción militar con motivo del estado de alarma decretado el pasado sábado y la militarización del espacio aéreo.

Así lo ha informado el fiscal jefe de la Audiencia madrileña, Eduardo Esteban, se ha mostrado contrario a que esto se investigue por la jurisdicción militar puesto que los hechos se produjeron antes de que el Gobierno decretara la militarización del aeropuerto por el caos aéreo.

Asimismo, Esteban ha aclarado a los controladores que la competente es la jurisdicción ordinaria, ya que los hechos por los que iban a ser preguntados esta mañana eran los producidos entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

Esteban ha precisado que no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra los controladores, como prisión provisional, ya que, según ha señalado, no se puede actuar con "finalidad coactiva" ante su derecho a no declarar.

Esteban ha explicado que los 26 controladores que están citados para hoy, mañana y el próximo lunes son los que la policía identificó el viernes pasado por haber abandonado su lugar de trabajo, y que se habían reunido en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas.

Se pretende investigar a un total de 175 controladores en Madrid, aunque si continúan en la misma postura de no declarar, se dejaría de citarlos para evitar dilaciones en la investigaciones, ha señalado Esteban, quien ha añadido que de momento no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra ellos.

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha adelantado antes de la celebración de la Junta de Fiscales en Zaragoza que se propondrán penas de hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición.

Recursos contra el Supremo

Por otra parte, el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, ha anunciado además que el sindicato ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo dos recursos contencioso-administrativos contra los dos reales decretos aprobados por el Gobierno el fin de semana pasado para atajar la crisis aérea.

Cabo ha explicado a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid que han recurrido en el Alto Tribunal tanto el decreto que militarizó el control aéreo, dictado por el Ejecutivo el pasado viernes por la tarde, como el que promulgó la situación de estado de alarma, acordado el sábado tras un Consejo de Ministros extraordinario.