Los fisioterapeutas alertan de que sin colegiación obligatoria el paciente quedará desprotegido

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid alertó hoy a través de un comunicado, de que si se suprime la colegiación obligatoria para las profesiones sanitarias, "aunque sea únicamente para quienes trabajen en los servicios públicos", los pacientes quedarán desprotegidos ya que dejarán de tener "garantías académicas y legales de quien les trate".
En la actualidad un profesional sanitario que quiera ejercer está obligado a colegiarse, para lo que la institución colegial exige una serie de requisitos que garantizan posteriormente al ciudadano que quien le aplica un tratamiento tiene la preparación necesaria y cumple con las exigencias legales oportunas.
Sin embargo, la futura Ley de Servicios Profesionales, plantea sustituir la colegiación obligatoria por la voluntaria, al menos para el sector público.
"Si se omite la colegiación para los profesionales que desarrollan su labor en la administración pública, ¿qué garantías tendrían los usuarios del servicio público de salud frente a una mala praxis o un comportamiento no ético de un profesional sanitario?", planteó el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, José Santos.
Igualmente señaló que si fuera la propia Administración quien sancionara al profesional, asumiría "el papel de juez y enjuiciado, ya que los sanitarios dependen de ella y por consiguiente sería ella la responsable última de la mala praxis".
Así, añadió que "la colegiación obligatoria es un sistema de seguridad para nuestra sociedad civil que en ningún caso atenta contra la libre competencia". Santos recordó que los colegios profesionales son los únicos que pueden ejercer un control ético y deontológico sobre sus colegiados, y pueden actuar en consecuencia si el profesional omite las normas éticas en su actividad profesional.
En este sentido, y para reforzar más este papel de la institución colegial, el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid ha constituido el Comité de Expertos en Ética y Deontología.
Según informaron, este organismo se encargará de revisar la normativa del código deontológico para adecuarla a la legislación vigente; de crear un listado de faltas que puedan ser consideradas a la hora actuar contra el comportamiento ético del colegiados; y de reglamentar el procedimiento de las diligencias previas a la hora de un expediente sancionador abierto a una colegiado con el fin que la Junta de Gobierno tenga un informe completo desde el instructor del caso para agilizar lo antes posible la decisión final de la Junta de Gobierno de sancionar o no al colegiado.