Los gobiernos europeos autorizan una nueva negociación con EEUU sobre datos bancarios

  • Bruselas.- Los ministros de Interior de los países de la UE autorizaron hoy a la Comisión Europea a que negocie con Estados Unidos un nuevo acuerdo de transferencia de datos bancarios en el marco de la lucha contra el terrorismo, lo que resolverá el bloqueo del llamado 'acuerdo Swift'.

Los gobiernos europeos autorizan una nueva negociación con EEUU sobre datos bancarios
Los gobiernos europeos autorizan una nueva negociación con EEUU sobre datos bancarios

Bruselas.- Los ministros de Interior de los países de la UE autorizaron hoy a la Comisión Europea a que negocie con Estados Unidos un nuevo acuerdo de transferencia de datos bancarios en el marco de la lucha contra el terrorismo, lo que resolverá el bloqueo del llamado 'acuerdo Swift'.

El acuerdo político alcanzado hoy tendrá que ser formalizado en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales, prevista el 10 de mayo, debido a la falta de quórum que hoy se produjo como consecuencia de los cambios en la agenda ocasionados por el caos aéreo de esta semana.

El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció en rueda de prensa que la discusión política está cerrada y que se ha dado "un buen mandato" a la Comisión Europea, que será la que inicie las negociaciones con Estados Unidos.

Según el titular español, que hoy dirigió el consejo de ministros europeos, la Presidencia de la UE es "optimista" sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo satisfactorio con EEUU pues ha "constatado que Washington afronta las negociaciones con la flexibilidad suficiente".

La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, también se felicitó por el avance y por que se esté en camino de poner fin "al agujero de seguridad" que existe desde que en febrero el anterior acuerdo fue vetado por el Parlamento Europeo.

Malmström hizo público su deseo de que se alcance un acuerdo entre Bruselas y Washington antes del verano.

El nuevo mandato negociador, que impulsó la Comisión en marzo, pretende concluir un acuerdo que tenga un periodo de vigencia de cinco años y sea más garantista que su predecesor respecto a la protección de los derechos individuales de los ciudadanos europeos.

El texto prevé que los europeos puedan denunciar ante Estados Unidos el mal uso de sus datos y también que una autoridad judicial deba dar previamente el visto bueno a una transferencia de información.

También se establece que los datos sean destruidos cinco años después de su almacenaje (salvo que esté en curso una investigación) y que no puedan ser transferidos a terceros países datos de forma masiva.

De modo extraordinario, y a consecuencia de la nube de ceniza volcánica procedente de Islandia, los Consejos de ministros de la UE de Interior y Justicia de abril se han celebrado un día después de lo previsto y en Bruselas en lugar de en Luxemburgo, lo que ha provocado problemas de asistencia.

La próxima semana una delegación de parlamentarios -entre ellos el presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara, el español Juan Fernando López Aguilar,- viajará a Washington para mantener contactos con las autoridades estadounidenses.

Tanto Rubalcaba como la comisaria Malmström insistieron en que el Parlamento Europeo será informado en todo momento de las negociaciones, dado que según el Tratado de Lisboa el PE debe adoptar el acuerdo junto a los gobiernos, por el procedimiento de codecisión.

El acuerdo Swift, a través del cual europeos y estadounidenses pueden identificar y seguir la pista de forma coordinada a los movimientos bancarios de eventuales terroristas, se estableció entre Bruselas y Washington poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

En el Consejo de hoy también se ha llegado a un acuerdo político para aprobar el proyecto de formación denominado "Erasmus policial", con el que los cuerpos y fuerzas de seguridad de los países de la UE intercambiarán experiencias y modos de proceder con el fin de mejorar la cooperación en la lucha contra amenazas comunes, como el crimen transfronterizo.

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