Los Parlamentos de Cantabria, Navarra y el Senado, los más transparentes

    • Las cámaras legislativas de Murcia, Canarias y Balerares son las menos transparentes en sus paginas web según el Índice de Transparencia de los Parlamentos.
    • De las 19 instituciones analizados, dieciséis se situaban por encima de los 50 puntos y solo tres por debajo del aprobado.

Los Parlamentos de Cantabria y Navarra y el Senado son las cámaras legislativas más tranparentes de España, según los datos recogidos en el último informe presentado hoy por Transparency International España.

El informe muestra que solo el Parlamento de Cantabria (98,8) ha obtenido una puntuación de sobresaliente; mientras que el de Navarra (87,2) y el Senado (83,8) se situaban en el notable a nivel de valoración global. Transparency International España también revela que Murcia (42), Canarias (42,3) y Balerares (45) son los menos transparente.

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Por su parte, los siguientes puestos del top ten del ranking han sido para las Cortes de Aragón (79,7), las de Castilla- La Mancha (79,5), la Junta General del Principado de Asturias (74,7), la Asamblea de Extremadura (72,2), los Parlamentos Vasco (67,5) y de La Rioja (65,4) y el Congreso (65).

De los 19 parlamentos analizados, dieciséis se situaban por encima de los 50 puntos y solo tres por debajo del aprobado.

No obstante, el estudio refleja que el nivel de dispersión entre las puntuaciones ha sido alto ya que entre el primer y último parlamento del ranking existe una diferencia de 56 puntos.

Transparency International España ha evaluado los aspectos informativos más importantes que deben ofrecer a la ciudadanía una institución parlamentaria en sus páginas web en base a 80 indicadores presentes en seis áreas: información sobre el Parlamento, sobre el funcionamiento y la actividad parlamentaria, relaciones con los ciudadanos, transparencia económico-finaciera, transparencia en las contrataciones de servicios y obras e indicadores de la nueva Ley de Transparencia.

Esto evidencia un interés por ampliar la información que hacen pública los parlamentos, según han explicado los autores, que solo han analizado si la información requerida está disponible, pero no la calidad de dicha información ni de la gestión de las instituciones.

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