Los profesionales de la sanidad pública podrán ayudar en crisis humanitarias como la del ébola

Las personas que trabajan en centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud podrán disfrutar de un permiso para desarrollar labores de voluntariado en emergencias humanitarias como la reciente crisis del ébola, con una duración generalmente de un mes y con la condición de no cobrar su sueldo íntegro o recibirlo parcialmente.
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados incluyó hoy esta novedad en el proyecto de Ley del Voluntariado, que aprobó con competencia legislativa plena y envió al Senado para que continúe su tramitación parlamentaria.
A la norma se presentaron 77 enmiendas parciales (2 del PP, 29 del PSOE, 20 de CiU, 8 de UPyD, 8 del PNV y 10 de La Izquierda Plural), de las cuales se aceptaron las dos de los populares, ocho de los socialistas y se transaccionaron otras nueve de distintos grupos parlamentarios. Las enmiendas aprobadas contaron siempre con el apoyo del PP y UPyD, y puntualmente se sumaron otros grupos.
Una de las principales novedades es facilitar la actividad de cooperación en emergencias humanitarias a profesionales de la sanidad pública, con un permiso no retribuido o remunerado parcialmente, siempre en proyectos de ONG u organismos internacionales avalados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
La duración ordinaria del permiso para ayudar en una emergencia humanitaria internacional será de un mes, aunque puede prorrogarse dos meses más de forma extraordinaria, y participar en una actividad de este tipo será objeto de valoración como mérito en los procesos selectivos para acceder a la condición de personal estatutario fijo y en otros de selección, promoción interna, concurso, libre designación y movilidad.
El profesional que haga cooperación internacional en emergencias humanitarias mantendrá su plaza y se le considerará en situación de servicio activo.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Otra aportación novedosa a la norma es que las administraciones públicas y las empresas que faciliten la reducción o la adaptación de la jornada laboral a los tragbajadores que desempeñen labores de voluntariado tendrán que garantizar esas medidas por escrito.
Además, la enfermedad se añade a las causas de no discriminación para ser voluntario, como la nacionalidad, el origen racial o étnico, la religión, las conviciones ideológicas o sindicales, la discapacidad, la edad, el sexo, la identidad sexual, la orientación social o cujalquier octra condición o circunstancia personal o social.
Juan Carlos Grau y Silvia Heredia, del PP, afirmaron que el proyecto normativo supone “un antes y un después” para las entidades dedicadas al voluntariado y añadieron que “beneficia a quienes más lo necesitan, en éste y en cualquier momento”, al tiempo que se enmarca en “la ambiciosa agenda social del Gobierno”. Julio Lleonart, de UPyD, fue el portavoz de la oposición más entusiasta con la ley, que calificó de “esperada”.
Sin embargo, la norma suscitó críticas en el resto de los grupos de la oposición. Así, Guadalupe Martín, del PSOE, indicó que la ley “debería ser aprobada por todos los grupos”, lo que no fue así, y añadió que no está ajustada a “la realidad actual”, puesto que “solapa” puestos de trabajo y servicios públicos esenciales y podría ser “la tapadera” para “servicios paralelos” o relacionados con la “beneficiencia social, sanitaria o educativa”.
Carles Campuzano, de CiU, afirmó que el proyecto de ley esconde “una invasión competencial” respecto de comunidades autónomas como Cataluña y reclamó que “no sea intervencionista”. Argumentos similares esgrimieron Isabel Sánchez (PNV) y Teresa Jordà (ERC).