Los vínculos familiares en el Tribunal de Cuentas alcanzan a 100 empleados, según El País

El Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar a los partidos políticos y a los organismos públicos, alberga en su plantilla, de poco más de 700 trabajadores, a casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales, en especial de UGT, según una investigación publicada este martes por EL PAÍS.

Según el diario, aproximadamente el 14% de la plantilla tendría vínculos familiares dentro de la institución, y cerca del 10% tienen vinculaciones con altos y medios cargos. Desde el actual presidente hasta los responsables del comité de empresa y conocidos políticos tienen entre la plantilla del organismo a esposas, cuñados, concuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos. También hay parejas sentimentales y hermanas de éstas.3.000 euros de sueldo

El tribunal es uno de las instituciones públicas que mejores sueldos paga a sus empleados: en torno a 3.000 euros de media.

Según el diario, varios consejeros del Tribunal de Cuentas han reclamado al presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, que al menos tres de los cinco miembros que integran los jurados examinadores sean ajenos a la institución, a diferencia de lo que viene sucediendo desde hace muchos años.

Álvarez de Miranda tiene en la plantilla a su concuñada, Cristina Querarto Iborra, y a un sobrino, José Manuel García Soriano. Su segundo en el tribunal, el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro (PP), tiene a un hermano (Enrique Medina), una hermana (María Consuelo Medina Guijarro), a su esposa (María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus). Medina rechaza vínculos con esta última, y señala que el resto de sus familiares accedieron al tribunal antes de que él fuese consejero, en 2003.

Los consejeros tienen dos secretarias, coche oficial y ganan 4.700 euros netos al mes durante los nueve años de mandato (renovables). Ellos gobiernan el organismo. Hay 12 consejeros: siete nombrados por las Cortes Generales a propuesta del PP y cinco a propuesta del PSOE, uno de ellos consensuado con IU.

El periódico publicó el pasado día 9 una información sobre los grupos familiares que acoge este tribunal y destaca que todavía quedaban muchos que no publicaron. La familia de Javier Medina, un histórico en la institución junto a su hermano Enrique (que ascendió a gerente tras llegar el primero a consejero en 2001), no es la única saga que anida en la institución, que maneja un presupuesto de 60 millones de euros al año.

El sindicalista de UGT solo tiene el graduado escolar y, ascenso tras ascenso, ahora es jefe de equipo, con un sueldo, de en torno a 2.800 euros.En el tribunal trabajan su exesposa (María Isabel Fernández Pérez), su actual pareja (Pilar Ramírez Villar), su nuera (Yolanda de la Torre Pérez), su cuñada (Consuelo Dávila Anillo), su sobrino (Manuel Ramírez Herans), otro sobrino (Jesús Sanz Hernández) y su amigo de la infancia Félix Real Perea.

También, un hijo con su primera esposa, Alejandro Ronda Fernández. Éste y el anterior son jefes de equipo. La segunda esposa de Ronda, que empezó como limpiadora en el Ministerio de Defensa, es ahora jefa de equipo, y su sueldo supera los 3.000 euros al mes.

Según El País, exministros y expresidentes tienen también a familiares en el tribunal. Procedente de un ministerio llegó María José Molinuevo, esposa del actual embajador en Reino Unido, Federico Trillo. Ahora está en excedencia. Y hace dos años entró Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, como consejero (a propuesta del PP).

También es consejera la exministra de Justicia con el PP Margarita Mariscal de Gante. Ella y Manuel Aznar, como el resto de consejeros, fueron elegidos por las Cortes. También es consejera desde hace dos años, a propuesta del PP, María José de la Fuente. Dos primas suyas trabajan en el tribunal: María Asunción y María Eugenia de la Fuente Asprón, hijas del exministro de Franco Licinio de la Fuente. Otro caso es el de Julián Máñez, director técnico, cuyas dos hijas trabajan en el tribunal.