Madagascar recibe ultimátum de dos semanas para restablecimiento democrático

Johannesburgo, 16 jul.- La Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC, por sus siglas en inglés), que tutela la transición en Madagascar, dio hoy un ultimátum de dos semanas a las partes en conflicto para restablecer la democracia en la isla.

A través de un comunicado, publicado hoy por el diario malgache L'Express, la SADC hizo un llamamiento al presidente del Gobierno de Transición, Andry Rajoelina, y al depuesto jefe de Estado, Marc Ravalomanana, para que cumplan la hoja de ruta designada por la comunidad internacional.

"Si las dos partes no son capaces de llegar a un acuerdo para asegurar el desarrollo de la hoja de ruta el 31 de julio, la parte o las partes responsables serán desautorizadas por la comunidad internacional para participar en futuros procesos", afirmó la organización en el texto.

El expresidente Ravalomanana fue derrocado en 2009 tras un golpe de Estado respaldado por el Ejército que colocó en el poder a Andry Rajoelina, un antiguo pinchadiscos convertido en político.

La SADC estableció una hoja de ruta en noviembre del año pasado, que prevé la celebración de elecciones en 2012, con un Gobierno de Transición dirigido por Rajoelina.

Ravalomanana ha sido condenado a cadena perpetua en Madagascar por la muerte de 30 manifestantes de la oposición asesinados por la Guardia Presidencial en febrero de 2009, antes del golpe de Estado, cargos que él considera infundados.

El mandatario depuesto, exiliado en Sudáfrica, ha tratado de regresar en varias ocasiones a la isla, pero no ha logrado aterrizar debido a las amenazas de detención y el riesgo de enfrentamientos entre partidarios de ambas facciones.

Mamy Rakotoarivelo, estrecho colaborador de Ravalomanana y presidente del Congreso de Transición (un parlamento interino), abogó en Pretoria, el pasado mes de enero, por una Ley de Amnistía que despejara el camino para el regreso de Ravalomanana.

Desde el golpe de Estado, el régimen de Rajoelina está sometido al ostracismo internacional y suspendido dentro de la Unión Africana (UA) y la SADC, mientras no se restablezca el orden constitucional.