Madrid. Cermi y csi-f fomentarán la inclusión de las personas con discapacidad en la función pública

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid (Cermi Madrid) firmó este lunes un convenio de colaboración con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Madrid (CSI-F Unión Autonómica de Madrid), con el objetivo de promover el acceso de las personas con discapacidad a la función pública a todos los niveles, así como mejorar y reforzar la situación de aquéllos con movilidad reducida que ya trabajan en el sector público.
El convenio, firmado por el presidente de Cermi Madrid, Javier Font, y por el de CSI-F Unión Autonómica de Madrid, Manuel González, establece que ambas entidades trabajarán conjuntamente para “desplegar iniciativas dirigidas a incrementar la inclusión de las personas con discapacidad hasta alcanzar su plena inclusión” en el ámbito del sector público.
Asimismo, fomentarán la igualdad de trato y oportunidades, de forma directa o indirecta, para las personas con discapacidad en aquellas esferas relacionadas con los servicios públicos.
Según el Cermi Madrid, este convenio “permitirá mejorar y fomentar la necesaria inclusión de las personas con discapacidad en la función pública, con el fin de que sea un ámbito en el que quienes tienen discapacidad o con movilidad reducida puedan desarrollar al máximo su carrera profesional, en igualdad de condiciones que las demás personas, así como mejorar el acceso del colectivo al sector público con garantías”.
Además, a través de este convenio se busca fomentar el empleo público dirigido a las personas con discapacidad, mejorar las condiciones laborales de los funcionarios con discapacidad y velar por sus derechos.
También se persigue brindar protección social a los trabajadores públicos con discapacidad, así como a sus familias, ofrecer acciones formativas de interés a estos empleados públicos, trabajar para alcanzar un entorno laboral inclusivo para las personas con discapacidad en el sector público y, en última instancia, concienciar a la Administración de que “es preciso” impulsar políticas que permitan que los empleados públicos puedan trabajar en igualdad que las demás personas.
El convenio, con vigencia de cuatro años, prevé la creación de una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las dos organizaciones a fin de velar por su desarrollo y aplicación, así como para analizar nuevas medidas a favor del colectivo de personas con discapacidad en el ámbito de la función pública.