Madrid. El psm exige una comisión de investigación en la asamblea por el “caso de las mordidas en centros concertados”

El presidente de la Comisión Gestora del PSM, Rafael Simancas, anunció hoy que el Grupo Parlamentario Socialista de la Cámara regional exigirá la creación de una comisión de investigación que "llegue al fondo de las responsabilidades del “caso de las mordidas en centros concertados”.
Simancas, que hizo estas declaraciones tras mantener una reunión con los portavoces socialistas en los ayuntamientos afectados por la construcción de colegios concertados que figuran en la investigación de la 'trama Púnica', habló de la investigación judicial que “apunta al enriquecimiento ilícito ha de Francisco Granados y otros miembros del PP”.
Dijo que es “una investigación que ha desvelado que al licitar y construir hasta 18 centros privados o concertados en 12 municipios madrileños, los exdirigentes populares recibían mordidas de hasta un millón de euros para que los gobernantes del PP se los llevaran a Suiza”.
A su juicio, este caso “es extraordinariamente grave: suelo público a precio de saldo, obras en colegios gestionadas por las empresas de la trama, conciertos asegurados con dinero público, exenciones fiscales para las familias clientes de estos centros".
"Este es el pack de la infamia con el que el PP saqueaba las arcas públicas y deterioraban la educación pública de las familias madrileñas”, añadió.
Afirmó que “mientras algunos gobernantes del PP se llevaban a Suiza mordidas de un millón de euros por cada colegio concertado, el presupuesto educativo caía 500 millones de euros, un 40% desde el año 2009".
Simancas calificó de “acción miserable la utilización de la educación de nuestros hijos para las corruptelas del PP en la Comunidad de Madrid” y lamentó que “Cristina Cifuentes haya avalado esta mañana públicamente la política educativa del PP en estos últimos años".
Finalmente, señaló que, además de exigir la creación de una comisión de investigación parlamentaria, los socialistas plantearán “la restitución de todo el dinero robado, la vigilancia para exigir el cumplimiento de la ley, que los centros concertados no cobren lo que no se debe y la retirada inmediata de los conciertos, ayudas y subvenciones a los centros implicados”.