La última operación realizada por los Mossos d'Esquadra en Madrid ha levantado ampollas en el Ministerio del Interior. En concreto, en la Dirección General de la Policía. La razón, que ha sido desarrollada por el cuerpo autonómico sin avisar a la Policía Nacional, que es la que tiene las competencias de actuación sobre la ciudad de Madrid. La noticia saltaba el pasado 3 de junio y ya el mismo titular llamaba la atención en sí mismo. ¿La Policía Municipal y los Mossos realizan una operación conjunta? Ese mismo día, la información corrió como la pólvora en los despachos de la Dirección General y en los de los distintos sindicatos policiales.
Uno de estos últimos, se mostró visiblemente alterado. En concreto, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), cuyo presidente, José Antonio Calleja, asegura que la Audiencia Provincial de Barcelona, que es la que encargó la actuación a los Mossos, no ha actuado adecuadamente. "Lo grave, a mi entender, es que el tribunal de instrucciones que vulneran la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", subraya Calleja, quien exculpa a Mossos y Policía Municipal de lo ocurrido.
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"Creo que hay una falta de decisión por parte de nuestros jefes", asegura en referencia a lo que entiende como pasividad de los dirigentes del Ministerio ante este tipo de "comportamientos anárquicos y arbitrarios" permitidos "extrañamente" por el sistema judicial.
El presidente del SPP, sindicato que aglutina a la mayoría de mandos de la Policía, asegura que "esto en la Guardia Civil no habría pasado". "El verdadero problema", añade, es "elincumplimiento de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a todos los niveles". Su artículo 12, que delimita las competencias de Policía y Guardia Civil, continúa, "se ha convertido en papel mojado".Un ciudadano la identificó
La mencionada operación conjunta se inició después de que un ciudadano identificara a una presunta delincuente, fugada de la Justicia, cuando caminaba por el madrileño barrio de Lavapiés. El testigo, que recordaba la cara de la fugitiva de haberla visto en una revista, se lo comunicó a dos agentes municipales que en ese momento patrullaban por esas calles y éstosinformaron a su vez a la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial de la Policía Municipal, que puso en marcha un dispositivo de seguimiento sobre la sospechosa para comprobar si se trataba de la persona buscada.
Al haber un "control específico" abierto por parte de Mossos (es decir, un interés de este cuerpo expresamente indicado), los policías municipales se pusieron en contacto directamente con la Audiencia Provincial de Barcelona, que dirige las pesquisas. Fue entonces cuando este alto tribunal ordenó a los Mossos que se desplazaran a Madrid con el fin de detener a la sospechosa, que estaba acusada de varios robos, de agredir a un funcionario y de asesinar a dos personas en Mazarrón (Murcia). La mujer –Mar Casimiro-Soriguer–, que no ofreció resistencia, fue trasladada a los juzgados de plaza de Castilla.
Esta no es la primera vez que en la Policía Nacional se genera un malestar por invasión de competencias de otros cuerpos de seguridad. La mayor parte de ellas se suele producir con la Guardia Civil, donde ha habido disputas en relación con la labor internacional e incluso ha llegado a haber enfrentamientos en plena calle entre agentes de ambos cuerpos.
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