Más de 6.800 denuncias de supuestas ejecuciones extrajudiciales en Guatemala

  • Unas 6.805 denuncias de supuestas ejecuciones extrajudiciales fueron presentadas ante el Ministerio Público de Guatemala entre 2005 y 2012, pero sólo 22, un 0,32 %, han terminado en sentencia judicial, según un estudio presentado hoy por una organización humanitaria.

Guatemala, 3 jul.- Unas 6.805 denuncias de supuestas ejecuciones extrajudiciales fueron presentadas ante el Ministerio Público de Guatemala entre 2005 y 2012, pero sólo 22, un 0,32 %, han terminado en sentencia judicial, según un estudio presentado hoy por una organización humanitaria.

El informe, denominado "Ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, un delito de ayer y hoy", fue presentado este miércoles en rueda de prensa por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), y se basa en los registros oficiales del Ministerio Público.

La investigadora del Caldh, Gabriela Flores explicó que del total de las denuncias, 1.434 corresponden a casos registrados entre 2005 y 2012, y 5.371 a hechos ocurridos durante el conflicto armado que asoló a Guatemala entre 1960-1996, que dejó 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos, según los datos oficiales.

El documento, de 214 páginas, advierte que la práctica de las ejecuciones aún después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, ha continuado como una estrategia para eliminar a los "enemigos" del Estado.

De acuerdo con la investigación, sólo en 22 de las 6.805 denuncias de casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales se ha dictado sentencia, nueve de ellas absolutorias.

Flores resaltó que el Ministerio Público concluyó el proceso en 413 casos, y que hasta el 12 de diciembre pasado 6.392 denuncias de ejecuciones extrajudiciales continuaban bajo investigación.

Los adolescentes y jóvenes y los miembros de comunidades que los grupos de delincuentes consideran "indeseables" son las mayores víctimas de ese delito, de acuerdos a las denuncias presentadas ante las autoridades, añadió Flores.

Las ejecuciones extrajudiciales son atribuidas por los denunciantes a fuerzas de seguridad del Estado, a agentes privados, a escuadrones clandestinos y a las llamadas "juntas de seguridad", unos grupos conformados por ciudadanos y aprobados por las autoridades gubernamentales.

De acuerdo con el informe, los años en que más denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales se registraron fueron 2010, con 2.811, y 2009, con 2.261.

El departamento noroccidental de Quiché, de mayoría indígena, registra el mayor número de denuncias, con 2.246, seguido de Alta Verapaz (norte), con 1.122 casos, y Chimaltenango (oeste) con 908 casos.

El coordinador del Derechos Humanos de la Juventud de Caldh, Abner Paredes, explicó que el objetivo de la investigación es hacer conciencia en los agentes del sistema de Justicia y en el propio Estado para que se establezcan mecanismos de control efectivo sobre la actuación de funcionarios y fuerzas de seguridad.

El informe pretende ser una denuncia ante la violencia hacia la juventud con el fin de que las autoridades prevengan y sancionen el delito de la ejecución extrajudicial, añadió. EFE.

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