México procederá legalmente contra quienes promueven calumnias ante CPI

México, 27 nov.- El Gobierno de México rechazó hoy "las imputaciones falsas y calumniosas" de un grupo de civiles que demandó en la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente Felipe Calderón y anunció su intención de proceder legalmente contra estas personas.

"El Gobierno explora las alternativas para proceder legalmente contra las personas que las promueven en distintos foros e instancias nacionales e internacionales", indicó la Oficina de la Presidencia en un comunicado.

Insistió en que las imputaciones contra el Gobierno mexicano "son claramente infundadas e improcedentes" y constituyen " verdaderas calumnias".

El viernes pasado un grupo de activistas, encabezados por el abogado mexicano Netzaí Sandoval, presentó ante la CPI una demanda contra el presidente de México, Felipe Calderón, y varios funcionarios por "crímenes de guerra y de lesa humanidad" debido a "la gravedad de la violencia en México" por considerar que su lucha contra el narcotráfico ha causado más de 50.000 muertes.

El grupo, integrado por periodistas, académicos e intelectuales de México, entregó al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, un dossier con más de 470 casos de violaciones de derechos humanos de mujeres y menores.

La Secretaría de Gobernación rechazó las acusaciones y aseguró que todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales.

La Oficina de la Presidencia aseguró hoy que México enfrenta una "inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado".

Añadió que las acciones del Gobierno federal han sido resultado del clamor ciudadano y de la petición de sus autoridades estatales para combatir la delincuencia organizada.

Aseguró que las fuerzas federales "se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas".

La Presidencia aclaró que en los casos de violación de los derechos humanos, el Gobierno ha llevado a los tribunales competentes a los responsables.

La Presidencia indicó que las detenciones de personas "al margen de la ley han sido verdaderamente excepcionales".

Calificó de "absurdo" intentar igualar la acción de un gobierno democrático para mantener la ley, "con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas".

Señaló que México es una democracia con poderes independientes y equilibrados así como con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades "como pocas naciones en desarrollo".

Para someter a los criminales, reconstruir las instituciones y reconstruir el tejido social recordó que se aprobaron reformas constitucionales en derechos humanos, penal y de amparo para ampliar las garantías.

La violencia vinculada al narcotráfico y al operativo federal para combatirlos en el que participan más de 50.000 militares ha dejado unos 45.000 muertos en México.