México promulga ley de protección a participantes en procesos penales

  • El Gobierno de México promulgó una ley que dispone diversas medidas de protección a personas que intervienen en procesos penales, entre ellas el alojamiento temporal, atención médica e incluso cambio de identidad, informó hoy una fuente oficial.

México, 7 jun.- El Gobierno de México promulgó una ley que dispone diversas medidas de protección a personas que intervienen en procesos penales, entre ellas el alojamiento temporal, atención médica e incluso cambio de identidad, informó hoy una fuente oficial.

La procuradora general (fiscal) de México, Marisela Morales, anunció a la prensa que el presidente Felipe Calderón promulgó el decreto que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.

Explicó que la nueva norma tiene por objeto "establecer las medidas y procedimientos que garanticen la protección y atención a individuos que intervengan en procedimientos penales, cuando se encuentren en situación de peligro por su participación o como resultado del mismo".

Morales destacó que el precepto, conocido informalmente como ley de protección a testigos, es fruto del "diálogo entre el Gobierno federal y el Congreso de la Unión", que la aprobó en abril pasado.

Mediante la ley podrán integrarse al Programa de Protección a Personas las víctimas, testigos, peritos, policías, fiscales, jueces y demás miembros del Poder Judicial, así como personas cercanas a las señaladas, cuya participación en un proceso por delitos graves o delincuencia organizada les genere situaciones de riesgo, dijo.

Precisó que las medidas incluyen asistencia psicológica o médica, custodia policial, alojamiento temporal o medios económicos para transporte, alimentos y trámites personales.

También cambio de domicilio, lugar de trabajo o centro de estudios y en algunos casos, con base en las circunstancias propias, una nueva identidad de la persona.

Asimismo, se crea el Centro Federal de Protección a Personas como un órgano de la Fiscalía con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las medidas de protección, que estará a cargo de un director nombrado y removido por el presidente a propuesta del procurador general.

Morales indicó que con la publicación el día de mañana en el Diario Oficial de la Federación del decreto de Calderón, la nueva ley entrará en vigor en 180 días.

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