Luego de 18 meses de investigación, la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), creada por ley en 2013 e integrada por una veintena de académicos, expertos en distintos ramos y encabezada por un sacerdote, presentó su informe al gobierno de Oaxaca y divulgó para la opinión pública un resumen del mismo.
La CVO concluyó que numerosos funcionarios del gobierno local, entre ellos el entonces gobernador Ulises Ruiz (2004-2010), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron responsables de estos hechos.
Según la investigación, 373 víctimas de la represión que fueron interrogadas por la CVO señalaron de manera directa a 154 funcionarios del gobierno local y federal "como perpetradores o participantes del conflicto".
Entre junio de 2006 y julio de 2007, las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca dieron lugar a una represión por parte del gobierno que se saldó con una veintena de muertos.
"Detectamos que hubo torturas sistemáticas y generalizadas, porque la tortura no concierne únicamente a los miembros del movimiento, tenemos casos de personas que eran fuera del movimiento y que fueron torturadas por autoridades", dijo a la AFP Diego Ernesto Osorno, periodista y escritor integrante de la CVO, que concluyó sus trabajos esta semana.
La CVO sostiene haber demostrado nueve ejecuciones extrajudiciales, un "crimen de Estado" que sigue en la impunidad, y dos desapariciones forzadas entre los 29 casos reportados en ese periodo.
Entre las víctimas mortales se cuenta el camarógrafo estadounidense Brad Will, de 36 años, abatido el 27 de octubre de 2006 cuando cubría una manifestación que derivó en violencia.
En el caso del gobierno federal, la investigación señala a los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y a Felipe Calderón (2006-2012), ambos del conservador Partido Acción Nacional.
"En el conflicto de Oaxaca, la intervención de fuerzas federales, la participación de las instancias de administración de justicia y la injerencia de los aparatos de inteligencia a nivel nacional fue una responsabilidad directa de estos dos expresidentes", resume el reporte.
En su testimonio a la COV, Fox se refirió a la "presión que recibió por parte de su sucesor, Felipe Calderón, para enviar fuerzas federales a Oaxaca" pero al final asumió "la decisión y responsabilidad del operativo" para disolver el movimiento.
Con este reporte, los miembros de esta comisión independiente esperan se den pasos hacia una "transición democrática y judicial".
Después de ser analizado por el gobierno, este reporte de más de 1.000 páginas será divulgado a la opinión pública para después ser entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
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