En París, miles de personas, (5.500 según la policía), salieron bajo una fuerte lluvia de la plaza de la República rumbo a otra plaza céntrica, la del Palacio Real. Chris, una de las manifestantes, se preguntó, usando el acrónimo árabe del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que controla parte de Siria e Irak y reivindicó los atentados de París: "¿Hasta cuándo (va a durar) el estado de emergencia? ¿Hasta que se acabe Dáesh? ¿Hasta dentro de 10 años?"
"Hay que levantarlo. Además, nuestro arsenal legislativo ya basta ampliamente" para luchar contra el grupo yihadista, agregó Chris.
Para los organizadores de las manifestaciones, entre los que se encuentran la Liga de Derechos Humanos y varios sindicatos, el estado de emergencia "daña y compromete nuestras libertades en nombre de una seguridad hipotética".
La política de seguridad adoptada por Francia tras los atentados llevó a dimitir el 27 de enero a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, adalid de la izquierda en el seno del gobierno socialista.
La dimisión de la ministra fue anunciada el día en que el primer ministro, Manuel Valls, debía presentar ante los diputados el texto definitivo de un proyecto de reforma constitucional, que incluye en la Carta Magna el estado de emergencia y prevé retirar la ciudadanía francesa a los autores de atentados, siempre y cuando dispongan de otra nacionalidad.
Esa medida fue anunciada por el presidente François Hollande después de los atentados del 13 de noviembre y era reclamada por la oposición, pero dividió a la izquierda, donde se considera que crea una diferencia entre los ciudadanos, tema sumamente sensible en Francia, donde se estima que más de tres millones y medio de personas tienen doble nacionalidad.
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