El Ejecutivo rumano anunció el sábado la retirada de su polémico decreto después de que el país registrara durante cinco días las mayores manifestaciones desde la caída del comunismo.
La medida inicialmente aprobada por el Gobierno rumano suponía que todos los delitos de corrupción que causaran un perjuicio de menos de 200.000 lei (unos 44.000 euros) dejarían de ser delito, una reforma legal que habría beneficiado al Liviu Dragnea, el líder del gubernamental Partido Socialdemócrata.
El presidente del país, Klaus Iohannis, ha manifestado desde el principio de la crisis política su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno y ha expresado su respaldo a los manifestantes que han salido a las calles de Bucarest y de otras ciudades rumanas.
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