Lima, 17 ene.- El ministro peruano del Interior, Daniel Urresti, atribuyó hoy a los sindicatos y a los simpatizantes de la organización de Sendero Luminoso la violencia registrada el pasado jueves en una manifestación contra el nuevo régimen laboral juvenil.
Tras supervisar el operativo para la devolución de los aportes a los contribuyentes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), Urresti afirmó que los jóvenes que se manifestaron el jueves "no tienen la culpa" de los ataques que sufrió la Policía durante la marcha.
"El problema es que se aliaron con el diablo", dijo Urresti.
En la manifestación del pasado jueves participaron integrantes de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), que no había asistido a las tres marchas previas que hubo en diciembre.
El ministro peruano aseguró que esa marcha también tuvo la participación del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso.
La marcha del jueves, que reunió a miles de personas en el centro de Lima, terminó con dieciséis policías heridos, uno de ellos de gravedad, y veinte civiles detenidos, declaró Urresti esa misma noche.
La Fiscalía mantuvo detenidas durante casi veinticuatro horas a quince personas mientras las investigaba por un presunto delito contra la tranquilidad, seguridad y administración pública, pero los liberó en la noche del viernes por falta de pruebas.
Urresti señaló que los policías heridos se recuperan favorablemente de sus lesiones, incluido el de gravedad, "que tenía riesgo de perder la vista" en un ojo, tras recibir el impacto de un objeto contundente.
Cuestionado por la posible infiltración de policías entre los manifestantes, el ministro peruano negó esa práctica al asegurar que "no hubo policías de civil".
La marcha era la cuarta protesta contra el nuevo régimen laboral juvenil aprobado en diciembre por el Gobierno, que recorta una serie de beneficios laborales a los jóvenes entre 18 y 24 años.
La norma, con una vigencia de cinco años, ofrece un salario mínimo y seguridad social para los jóvenes, pero reduce de 30 a 15 los días de vacaciones al año y no considera el pago de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios.
En redes sociales se anuncia una quinta manifestación para el 28 de enero, día previsto para que la comisión permanente del Congreso debata la derogatoria de la ley, pero todavía no hay una convocatoria oficial para esta marcha.
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