Asunción, 6 mar.- Los observadores de la Unión Europea (UE) conversaron hoy con la autoridades electorales de Paraguay y con el vicecanciller de este país, Antonio Rivas, en el marco de las tareas que realizarán en las elecciones generales del 21 de abril próximo.
El "número dos" de la misión de la UE, Tommaso Caprioglio, que se instaló en Asunción oficialmente el martes, se entrevistó en un hotel capitalino con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Alberto Ramírez, para coordinar las tareas con vistas a las votaciones.
Ramírez resaltó tras la reunión la trascendencia de la colaboración de la misión, teniendo en cuenta, que se trata de la primera experiencia de acompañamiento de la UE en un proceso electoral en Paraguay, según informó el TSJE en un comunicado.
El jefe de la legación de la UE en el país, Eduardo Lechuga, anunció, por su parte, la adhesión progresiva a la misión de miembros del Parlamento Europeo en los días previos a los comicios.
La UE es la primera delegación que se instala en Paraguay, de momento con su equipo central, un grupo de avanzada del centenar de observadores que se desplegarán a lo largo del país.
Los miembros de esa delegación también tienen previsto entrevistarse con los candidatos de los partidos políticos que participarán en las elecciones de abril.
La jefa de la misión de la UE, la rumana Renate Weber, llegará a la capital paraguaya el día 14 con otro equipo de 22 observadores, según el calendario del organismo europeo.
El TSJE prevé la presencia de más de 400 observadores en las próximas votaciones, que también contarán con el seguimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), Unasur, Centro Carter, Unión Interamericana de Organismos Electorales, así como varias fundaciones e institutos regionales.
En los comicios de abril, en los que se conocerá al sucesor del presidente Federico Franco, se prevé el mayor acompañamiento internacional en la historia del país.
Los paraguayos esperan que tras esas elecciones el Mercosur y la Unasur levanten las suspensiones aplicadas contra el país el 29 de junio pasado, siete días después de la destitución del presidente Fernando Lugo en un controvertido juicio político.
Los dos bloques regionales consideraron que con esa situación el país sufrió un "quiebre democrático" y advirtieron que solo reconocerán a las autoridades que surjan de las elecciones.
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