Mossos que lanzaron una granada a un detenido se escudan en los protocolos

  • Los dos agentes de un cuerpo de elite de los Mossos d'Esquadra acusados de reventar los testículos a un sospechoso al lanzarle una granada de aturdimiento en una detención se han escudado hoy en que su actuación se ajustó a los protocolos de Interior y a lo aprendido en los entrenamientos.

Barcelona, 26 sep.- Los dos agentes de un cuerpo de elite de los Mossos d'Esquadra acusados de reventar los testículos a un sospechoso al lanzarle una granada de aturdimiento en una detención se han escudado hoy en que su actuación se ajustó a los protocolos de Interior y a lo aprendido en los entrenamientos.

En la sección octava de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy el juicio contra un sargento y un agente del Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos d'Esquadra, para quienes la Fiscalía pide 18 meses de prisión por reventar los testículos a un hombre en la detención de un cobrador de morosos sospechoso de pertenecer a una banda de extorsionadores, en noviembre de 2008.

La víctima acompañaba en el asiento de copiloto de su coche al sospechoso de extorsión, cuando un grupo de agentes de los GEI se acercó al vehículo y, tras darles el alto, rompieron los vidrios del automóvil y lanzaron a su interior una granada de aturdimiento STUNT, que con un fuerte sonido y un destello de luz se utiliza para causar un bloqueo y evitar posibles respuestas agresivas de los delincuentes.

El artefacto cayó sobre la entrepierna de la víctima y detonó antes de que ésta pudiera cogerla con las manos, en cuestión de segundos, lo que le provocó heridas en ambos testículos que le han dejado estéril, además de desencadenarle una depresión y obligarle a seguir tratamiento hormonal crónico, según ha explicado el propio lesionado en el juicio.

La granada de aturdimiento, que desde ese accidente no ha vuelto a utilizarse en el interior de vehículos, estaba pensada para su uso preferente en entradas en domicilios y en motines penitenciarios de acuerdo con una instrucción del Departamento de Interior de la Generalitat, según recalca la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales.

Sin embargo, el sargento Víctor E., que ha asumido la responsabilidad en la decisión de que los agentes del operativo llevaran ese tipo de granadas, ha insistido en que se limitó a "aplicar simplemente el protocolo" de actuación y que los mossos siguieron estrictamente las pautas aprendidas en los entrenamientos.

En la misma línea se ha manifestado el otro agente acusado, que ha señalado que lanzó la granada sobre el vehículo tal y como los agentes de su unidad "tienen entrenado", al ver que el coche avanzaba con la intención de darse a la fuga, y que su intención fue tirarla al suelo, aunque no vio adónde se dirigía.

Los mossos imputados han resaltado que las granadas de aturdimiento habían sido empleadas varias veces con anterioridad por el GEI dentro de vehículos sin incidente alguno y que, apenas quince días antes, lanzaron un artefacto de ese tipo en un coche en que viajaban cuatro presuntos asaltantes de una "banda de peruanos", ninguno de cuyos ocupantes resultó herido.

Esa misma versión exculpatoria la ha corroborado ante el tribunal el inspector jefe del GEI, que en su declaración como testigo ha precisado que su unidad se encargó de comprobar en sus entrenamientos la eficiencia de las granadas de aturdimiento, sin detectar problema alguno.

El inspector, que ha señalado que el propio fabricante de la granada advierte en sus instrucciones sólo de la posibilidad de que puedan causar daños auditivos, ha aclarado que los GEI hicieron detonar el STUNT dentro de coches, con materiales inflamables y sobre sus propias manos, pero jamás causaron daño alguno.

Un subjefe del GEI, también citado como testigo, ha añadido que en una operación antiterrorista del año 2008 un artefacto detonador STUNT cayó sobre un sospechoso, al que sólo provocó pequeñas quemaduras en la ropa sin alcanzar ni siquiera la piel.

La Fiscalía pide que los dos acusados, o la Generalitat de forma subsidiaria, indemnicen con 50.000 euros a la víctima, que ejerce la acusación particular en la causa y pide dos años de prisión para los agentes por un delito de lesiones imprudentes.

El juicio proseguirá mañana con las pruebas periciales, ya que el tribunal ha decidido interrumpir la sesión a las 14:00 horas en cumplimiento del acuerdo que los magistrados de la Audiencia aprobaron el pasado viernes de celebrar vistas sólo por la mañana en protesta por los planes de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial anunciados por el Gobierno.

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