Buenos Aires, 3 oct.- Las nuevas cúpulas de Gendarmería y Procuraduría nombradas hoy por el Gobierno argentino negocian con los representantes de los agentes en un intento por acabar con una inédita protesta contra recortes salariales que comenzó en Buenos Aires y se ha extendido a buena parte del país.
Los responsables de ambas fuerzas de seguridad llegaron a sus respectivas sedes a últimas horas de la noche para atender los reclamos de los agentes, que han advertido que no abandonarán la movilización hasta contar con un compromiso por escrito.
"Nadie nos ha escuchado y pedimos que nos blanqueen. Estamos cansados de trabajar en negro. Nos tiran obligaciones, pero ¿por qué no empiezan a respetar nuestros derechos?", explicó Fernando Meza en nombre de los agentes.
Las negociaciones se producen después de que el Gobierno destituyera a 20 generales de las cúpulas de la Gendarmería y de la Prefectura (guardacostas) en medio de la agudización del conflicto.
La chispa que ha desatado está inédita protesta, en un país donde no se permiten las manifestaciones para las fuerzas policiales y de seguridad, es un ajuste salarial que ha afectado a miles de agentes derivado de la eliminación de complementos en virtud de un decreto aprobado en septiembre.
En un intento de atajar el conflicto, el Gobierno anunció a primeras horas de hoy la suspensión del polémico ajuste durante un mes, pero la decisión resultó insuficiente para los agentes, que ampliaron sus demandas a una revisión de sus condiciones laborales y que piden un salario mínimo de 7.000 pesos (unos 1.550 dólares).
"No se toca, el sueldo no se toca" y "la fuerza unida, jamás será vencida", corearon al unísono los manifestantes mientras sus representantes negociaban con los nuevos responsables de las fuerzas de seguridad.
"Tenemos derecho, como cualquier otro ciudadano de reclamar nuestros sueldos. El pueblo argentino tiene que saber la verdad. Estamos a favor de la democracia, no es un levantamiento, no es nada raro, simplemente estamos pidiendo un dinero que nos corresponde porque somos trabajadores como cualquier otro, nada más", gritaba uno de los agentes micrófono en mano.
Los manifestantes salían así al paso de los comentarios de altos cargos del Gobierno y de organizaciones oficialistas sugiriendo supuestas tentaciones de sublevación entre las fuerzas de seguridad.
En medio del silencio de la presidenta argentina, Cristina Fernández, el jefe de Gobierno de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, llamó al diálogo y pidió a las fuerzas de seguridad que depongan la protesta en las calles.
"Les pido que vuelvan a sus casas, que vuelvan con sus familiares, que abran un canal de diálogo para que el Gobierno nacional pueda enmendar los errores que haya cometido (...) No pueden tomar la calle", dijo.
"Tenemos un enorme futuro pero solo apostando al respeto de las instituciones lo vamos a concretar (...) Nosotros, los políticos, tenemos que resolverlo con soluciones concretas y no apelar a fantasmas", agregó.
El Parlamento instó también a los agentes a la búsqueda de una solución pacífica.
La protesta comenzó el martes con la participación de apenas un par de centenares de prefectos en Buenos Aires pero se ha extendido a varias ciudades del interior del país, como Rosario y Córdoba.
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