Nuevo caso de torturas destapa violaciones de derechos en penales argentinos

Buenos Aires, 8 ago.- Un nuevo caso de tortura a un recluso de un penal bonaerense hace parte del incremento registrado en las denuncias por violaciones a los derechos humanos en cárceles de la mayor provincia de Argentina, según un informe de la Comisión por la Memoria, que reveló que en el 2011 fueron recibidas más de 7.000.

El caso conocido hoy corresponde a un preso de 32 años "brutalmente torturado" y "colgado de sus brazos durante ocho horas sin tocar el piso" en el penal de la localidad bonaerense de Florencio Varela el pasado 30 de julio, de acuerdo con la comisión provincial.

El recluso, que sufrió violaciones de sus derechos después de llevar diez días alojado en una celda de aislamiento "sin sanción alguna", se encuentra actualmente en el penal de la vecina localidad de San Martín, al que se le llevó el 2 de agosto tras la denuncia de la familia, en un caso que aún no tiene un fiscal designado.

"Al no estar designado el fiscal todavía no se le tomó declaración ni se pidieron pruebas. En este tiempo se han podido ocultar pruebas, se habrán trasladado detenidos y posiblemente hayan amenazado a posibles testigos", indicó hoy a Efe el presidente del Comité contra la Tortura provincial, Roberto Cipriano.

En su informe anual correspondiente a 2011, la Comisión para la Memoria de Buenos Aires denunció que durante el año pasado fueron recibidas más de 7.000 denuncias por maltratos en cárceles de la provincia, lo que supone un incremento del 30 por ciento respecto al año anterior.

Durante este período, 126 personas murieron en las cárceles de la provincia, un 40 por ciento de ellas por causas traumáticas, según se detalla en este informe presentado hoy al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, por los miembros de la Comisión, presidida por el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel.

La escalada de denuncias por maltratos se conoce en medio de la polémica en el país por los mecanismos de reinserción social de los presos luego de que la prensa local advirtiera sobre las presuntas salidas de presos a actos políticos, promovidas por una agrupación oficialista.

La provincia de Buenos Aires mantiene a más de 27.000 presos en un espacio habilitado para menos de 20.000 reclusos, según este estudio, en el que se denuncia la "tortura como práctica sistemática", el "hacinamiento" y la "corrupción estructural" en las cárceles bonaerenses.

El hacinamiento es especialmente percibido por las mujeres presas, alojadas en instalaciones "diseñadas, pensadas, desarrolladas y controladas por y para hombres", en el que los hechos de violencia de género pasaron de 254 casos en 2010 a 419 en el último año, según el estudio.

A los malos tratos y el hacinamiento, Roberto Cipriano, director de la Comisión contra la Tortura, agregó la "corrupción estructural" del sistema penitenciario provincial y la generalización de estos hechos violentos por parte de las fuerzas del orden.

"Lo que nos preocupa es la práctica sistemática de torturas. No son hechos aislados cometidos por agentes descarriados, sino que se trata de una violación a los derechos humanos que mantiene una permanencia en el tiempo", manifestó a Efe Cipriano.

La preocupación por los abusos de las fuerzas penitenciarias frente a los reclusos no es algo exclusivo de la provincia de Buenos Aires, ya que también se han conocido recientemente otros casos de torturas, como el sucedido en la norteña Salta, donde cinco oficiales fueron detenidos el pasado 20 de julio.

Estos efectivos policiales fueron denunciados por el Ministerio de Seguridad local tras difundirse por Internet un vídeo en el que se ve como torturan a dos personas en una comisaría de la localidad salteña de General Güemes.

Pese a haber estudiado en su informe exclusivamente el servicio penitenciario bonaerense, los problemas señalados por el documento son ampliables al resto de servicios provinciales y al federal, según Roberto Cipriano, ya que todos acusan un mismo problema estructural relacionado con pervivencias de métodos de la época de la dictadura (1976-1983).

"Realmente hoy los servicios penitenciarios siguen guardando prácticas de carácter dictatorial. La democracia no llegó a estos lugares", indicó Cipriano.