Asunción, 5 nov.- La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) mostró su preocupación ante "el estado de corrupción" del país "con el agravante del crecimiento exponencial del narcotráfico", en una carta publicada hoy tras celebrar su asamblea ordinaria.
Los obispos aseguraron que el narcotráfico en Paraguay, el mayor productor de marihuana de Suramérica, "inficiona y coopta a sectores de la política con sus ramificaciones en los poderes del Estado y cuyos alcances todavía están por verse".
En lo que va de año, tres periodistas han sido asesinados en zonas cercanas a la frontera con Brasil, a donde se dirige el 80 por ciento de la marihuana cultivada en Paraguay.
El último fue Pablo Medina, corresponsal regional del diario ABC Color, asesinado a tiros el pasado 16 de octubre junto a una acompañante, Antonia Almada, cuando regresaba de una cobertura en el departamento de Canindeyú.
Medina era conocido por sus reportajes sobre el tráfico de marihuana y su supuesta relación con los poderes políticos regionales.
La Fiscalía paraguaya ha apuntado como autor intelectual de los asesinatos al alcalde de la localidad de Ypejhú, Vilmar Acosta, cuya militancia en el Partido Colorado suspendió este miércoles de forma preliminar esa organización política.
La CEP reconoció que "existen esfuerzos de parte del Gobierno en la persecución y sanción a los inescrupulosos mercaderes de estos negocios ilegales".
Sin embargo, aseguró que la carta pastoral donde pedían "el saneamiento moral de la Nación", publicada en 1979, en plena dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), "está vigente".
Los religiosos manifestaron que la corrupción está "vinculada sobre todo con la matriz de la cultura política" y destacaron que las "consecuencias nefastas" del narcotráfico le dan "otra dimensión que no se puede ignorar y que requiere mayores esfuerzos de investigación".
El crimen de Medina y Almada ha generado un amplio debate entre la clase política y la sociedad paraguaya sobre las posibles relaciones entre políticos y narcotraficantes.
Por otro lado, la CEP aplaudió la Ley de Acceso a la Información Pública, impulsada por el Gobierno de Horacio Cartes, que calificó como "paso importante" porque supondrá "un mayor control por parte de la ciudadanía en el uso de los recursos públicos".
Los obispos alertaron sobre "un acelerado proceso de urbanización y desruralización del país" a causa del modelo económico basado en la exportación de carne vacuna y soja y criticaron su impacto en el medioambiente.
Según la Federación Nacional Campesina (FNC), unas 900.000 personas han abandonado el campo en los últimos diez años a causa de la expansión de los monocultivos y de la concentración de tierras, aumentando los cinturones de pobreza que rodean a las principales ciudades del país, que tiene 6,7 millones de habitantes.
La CEP pidió una reforma agraria integral "que atienda y fomente la agricultura familiar y el trabajo en cooperativas, que fomente un sistema de economía global y solidaria".
Los obispos también abogaron por una reforma tributaria "que permita al Estado disponer de los recursos necesarios para invertir en el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad".
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